Jueves 13 de junio del 2019

¿Quién lleva la batuta? El “control difuso” de las universidades peruanas

Muchas instituciones intervienen en el trabajo de las universidades, pero ¿quién hace qué?

En el 2014, la nueva Ley Universitaria entró a regular el funcionamiento de las universidades, creando la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Con la finalidad de asegurar condiciones básicas de calidad del servicio educativo universitario, se otorgó facultades a Sunedu para conducir el proceso de licenciamiento, imponer sanciones dentro del ámbito de su competencia y fiscalizar si los recursos públicos y los beneficios legales (como la exoneración de impuestos) otorgados a las universidades son destinados a mejorar la calidad del servicio educativo.

Sin embargo, frecuentemente vemos cómo estas facultades se prestan a confusión o a superposición con las funciones de otros organismos estatales. A partir de algunos incidentes recientes, podemos identificar al menos tres instituciones con las que suele haber este tipo de desencuentros: la Contraloría General de la República, el Ministerio de Educación y el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE).

 

Desencuentros con la Contraloría

Como algunos recordarán, el 21 de octubre del 2018 la Contraloría General de la República emitió una nota de prensa en la que advertía la falta de cumplimiento con los indicadores de las condiciones básicas de calidad para el licenciamiento de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta, lo que conduciría al cierre de dicha institución. La noticia tuvo amplio rebote en la prensa y provocó la rápida aclaración de Sunedu sobre el proceso de licenciamiento de dicha universidad, indicando que esta se encontraba debidamente encaminada dentro del plazo previsto. Hasta la fecha, continúa en el proceso de licenciamiento.

¿Por qué se dio este cruce de información? La Contraloría es un organismo autónomo que tiene como principal finalidad supervisar el uso de los recursos públicos. En ese sentido, observó irregularidades en torno a dos servicios de consultoría externa, contratados por la Universidad para el proceso de licenciamiento institucional. Hasta aquí, todo en orden. Sin embargo, se aventuró a acusar “desinterés, pasividad y falta de identificación institucional” en los directivos y funcionarios encargados de asegurar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, lo cual llevaría a que la Universidad no fuera licenciada, excediendo los límites de sus competencias. Como indica Sunedu en su aclaración, “la Sunedu […] es el único órgano competente para pronunciarse sobre el licenciamiento de las universidades peruanas”.

 

Querida, encogí al Minedu

Desde la creación de Sunedu, todo el imaginario en torno a la supervisión de las universidades ha empezado a gravitar en torno a esta. Sunedu ha captado tanto la atención en materia del funcionamiento de las universidades, que ha llegado a opacar las funciones del Minedu en materia de educación superior universitaria. No se trata de buscar culpables: la supervisión de las universidades estuvo tanto tiempo en manos de la Asamblea Nacional de Rectores que la creación de Sunedu significó, para muchos, una bocanada de aire fresco y una esperanza que el Minedu difícilmente podía encarnar.

Sin embargo, Sunedu no es el único organismo que debe velar por las universidades. Como señalamos arriba, su principal función es asegurar la calidad del servicio educativo universitario. El Minedu sigue siendo el ente rector en materia de educación, a todos los niveles de la formación. El baile continúa si tomamos en cuenta las idas y vueltas sobre quién lidera las políticas de mejora de la calidad en las universidades públicas. Así, en diciembre de 2018, el ministro de Educación anuncia el UNI-Ejecutivo para avanzar en la reforma universitaria, idea que reitera y amplía el presidente el 5 de abril, aun cuando días antes Sunedu estaba convocando al Minedu y a las universidades públicas para tratar el tema de la carrera del docente universitario. A pesar de todo, el Minedu estaría recuperando el liderazgo de la política de aseguramiento de la calidad haciéndose cargo del evento UNI-Ejecutivo que en agosto de este año reunirá autoridades del ejecutivo y de las universidades públicas.

En ese sentido, conviene establecer reglamentos – en caso hagan falta- que delimiten claramente las competencias de cada organismo. Asimismo, como varias personas han venido señalando, la creación de un Viceministerio de Educación Superior permitiría restituir al Minedu su centralidad en la política educativa, en general, y ordenar de manera más explícita las labores que le corresponden en el nivel superior, en particular.

 

¿Licenciamiento o acreditación? Para “dummies”

Por último, resulta casi risible que varios de los ilustres congresistas que conforman la Comisión de Educación, Juventud y Deporte de nuestro Congreso de la República no sepan distinguir entre los procesos de licenciamiento y de acreditación, como quedó demostrado el día viernes 12 de abril, día en que tuvieron como invitados a Martín Benavides (superintendente de Sunedu) y a Carolina Barrios (presidenta del Consejo Directivo de Sineace). Las preguntas de nuestros “padres de la patria” dejaron mucho que desear, al punto que la Sra. Barrios tuvo que aclarar la diferencia entre ambos procesos. Cabe destacar que esta distinción no es una novedad ni un capricho local, sino que apunta a fines distintos: mientras que el licenciamiento es un mecanismo obligatorio, cuyo objetivo es fijar condiciones mínimas sobre las cuales deberán operar todas las universidades (los inputs), la acreditación es un proceso voluntario (salvo excepciones normadas por ley) que se interesa, no en condiciones básicas, sino en la mejora continua de la calidad educativa, atendiendo también a los procesos y a los resultados (outputs) de las instituciones, buscando superar siempre la valla impuesta por la propia universidad.

En este sentido, el licenciamiento cumple la función de establecer un nivel de calidad mínimo para todas las universidades expulsando del sistema educativo a las instituciones que no son capaces de asegurar la calidad formativa y sentando bases comunes para todas las que permanecen, mientras que la acreditación tiene la función de impulsar y certificar la mejora educativa apuntando a niveles de calidad superiores que sean capaces de liderar el sistema universitario peruano y competir a nivel internacional. En otras palabras, mientras que un proceso se encarga de “marcar la cancha” para todas las universidades del Perú, el otro proceso se encarga de entrenar a los “delanteros” que meterán los goles en el sistema universitario internacional.

 

Fuentes:

 

Antecedente:

 


Aviso: Los contenidos de este boletín sintetizan la información y los debates tomados de los medios de comunicación y las investigaciones que se citan al pie. Su contenido no refleja necesariamente la opinión del Vicerrectorado Académico de la PUCP.


 

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1 comentarios

Fernando| 27 junio, 2019,a las 12:54 pm

Señores PUCP
Excelente artículo.
Gracias por la exposición didáctica respecto al tema abordado.