Jueves 25 de octubre del 2018

Estudiantes sin límites

Explorando la complejidad del manejo de la discapacidad desde las universidades.

Sudáfrica lanzó en marzo de este año un marco normativo para manejar el tema de discapacidad en las universidades. Dentro de este plan estratégico, se enfatiza la historia sumamente excluyente de este país en particular (“las políticas raciales asociadas al apartheid encontraron expresión incluso en los servicios provistos a las personas con discapacidades”) y se trabaja a partir del contexto. Esta aproximación encuentra similitudes en el caso australiano cuyo gobierno también ha construido estándares específicos para el sector educativo que son revisadas cada 5 años con grandes aportes de la sociedad civil. Se debe tomar en cuenta que en países con poblaciones históricamente segregadas (como los mencionados) las discapacidades suman a la situación creando una doble desventaja que debe ser parte de la discusión.

Estos esfuerzos normativos son más focalizados en la universidad que otros ejemplos de países desarrollados. Suecia tiene actas de discriminación que cubre a la sociedad en su conjunto con énfasis en el espacio laboral y educativo. En esta, se establece que una forma de discriminación es la accesibilidad inadecuada entendida como la falta de medidas de accesibilidad que permitan que las personas con discapacidad se encuentren en una situación comparable a la de una persona sin discapacidad. Noruega mantiene un acta de regulación educativa que incluye la obligación para las instituciones de proveer en sus premisas el acceso de camino, infraestructura sanitaria e instalaciones técnicas diseñadas de tal forma que permita la inclusión de las personas con discapacidades. Vemos, así, que existe cierta variedad en el alcance y especificación contextual de las políticas públicas.

Los avances en Sudáfrica son solo un ejemplo más de un avance sustancial en el continente africano. En el caso egipcio, se aprueba una nueva ley de derechos para personas con discapacidad en febrero en la que se les exime de pagar pensiones en las universidades, se establecen cuotas mínimas de matrícula de esta población en las universidades (5%), se ordena la capacitación de personal y adecuación de infraestructura, entre otras medidas. En Etiopía, el tema de discapacidad es explicitado en los planes sectoriales, en los que se espera que las universidades implementen las políticas nacionales de proveer acceso completo para todos los estudiantes, tres de las cuales recibirían apoyo adicional para manejar a los estudiantes con necesidades más severas. Además, en el último mes, una estrategia de 5 años para empoderar a esta población universitaria en el Sudan ha sido aprobada.

Pero no todo es positivo. El marco sudafricano especifica los retos alrededor encontrados en el tema de discapacidad y se proponen respuestas adecuadas. Sin embargo, existen suficientes vacíos normativos para que las instituciones abdiquen sus responsabilidades adaptativas. Esto se debe a que la normativa también postula que no se debe incurrir en gastos significativos al hacer ajustes, lo cual puede resultar contradictorio con la naturaleza de las necesidades de la población con discapacidades (infraestructura, capacitación de docentes, etc.). Además, se debe problematizar que el peso de la responsabilidad recaiga únicamente sobre el departamento de educación cuando el poder gestor de otros departamentos, así como el rol del sector privado en la contratación de egresados con discapacidad, por ejemplo, sería sumamente valioso. El portal The Conversation mantiene que este tipo de política requiere ajustes para mantener una meta de inclusión: se requiere un umbral mínimo de apoyo para cada tipo específico de discapacidad; asimismo, se debe prestar especial atención a la implementación efectiva.

En el Perú, la ley 29733 promulgada a finales del 2012 mantiene que las universidades “realizan ajustes razonables para garantizar el acceso y permanencia de la persona con discapacidad”. En la PUCP, las medidas tomadas para posibilitar el acceso y permanencia efectiva de esta población se focalizan en la admisión (un sistema de adaptación del examen, puntos extra y cuotas), accesibilidad física, campañas de sensibilización y un servicio de atención en la biblioteca (que puede digitalizar textos de los sílabos para que programas como JAWS lean el documento a los estudiantes.). La Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS) mantiene que los ajustes razonables dependen de muchos factores, y no necesariamente de grandes movimientos presupuestales relacionados con la accesibilidad, como la construcción de ascensores o adecuación de infraestructura que son necesarias para mantener a nuestra institución en línea con todos los requerimientos legales.

Un jefe de práctica de EEGGLL que entrevistamos nos cuenta que tuvo a su primer alumno con discapacidad a los 3 años de empezar a enseñar. Para esto, contó con una notificación dos semanas previas el inicio del ciclo junto con un el informe de su discapacidad específica y las estrategias pedagógicas y evaluativas previamente utilizadas en su caso particular. Asimismo, se empezó a gestionar la habilitación de salones para el tiempo extra en exámenes, la mejor accesibilidad, etc. Sin embargo, esto no siempre funciona bien, en los casos siguientes de alumnos con discapacidad asignados a su clase, todas las gestiones tuvieron que ser iniciadas por él mismo. Para el tercer caso, ya ni siquiera llegó a ser notificado. El cambio en las normas puede ser rápido, pero un cambio en la cultura toma más tiempo. (Para manejar esta situación, recomendamos consultar este recurso).

Actualmente, la DARS en colaboración con unidades académicas y la REA, se encuentra trabajando una propuesta de reglamento para la inclusión de estudiantes con discapacidad, la cual se enfoca principalmente en el procedimiento de solicitud de ajustes razonables. Se sostiene la necesidad de un cambio cultural, este no es un tema de buenas intenciones o de otorgar privilegios a un grupo por su condición, sino de reconocer positivamente las diferencias y diversidades, un giro conceptual complicado incluso para las personas con discapacidad: “es reconocerte diferente y eso nos cuesta a todos y a todas” nos dice Andrea Wakeham, asistente de dirección en la DARS. La “resistencia” que se puede encontrar en algunos profesores se produce por el desconocimiento, ya que se suele pensar que las adaptaciones son un “favor” para unos y no para otros, cuando realmente es un tema de inclusión e igualdad de oportunidades. Incorporar estos temas en la vida universitaria (tanto en el reglamento como en el imaginario colectivo de la comunidad) como derechos legítimos que deben ser debidamente pautados y garantizados, es el motor real de la inclusión.

 

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Aviso: Los contenidos de este boletín sintetizan la información y los debates tomados de los medios de comunicación y las investigaciones que se citan al pie. Su contenido no refleja necesariamente la opinión del Vicerrectorado Académico de la PUCP.


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