Jueves 23 de agosto del 2018

Betsy DeVos: Washington y la era de la posregulación

200 millones de dólares en contribuciones al partido republicano y la misión explícita de influir en la política de su país caracterizan a la familia DeVos. Que encuentren la plataforma para hacerlo en el Departamento de Educación, caracteriza a la era Trump.

La actual secretaria de educación de los Estados Unidos ha abogado controversialmente a favor de las charter schools (escuelas con administración privada, pero financiadas públicamente) y los vouchers (gift cards con el valor del costo de la educación pública de un niño para ser usado en escuelas privadas) por décadas. Esta ha constituido su misión y bandera tan férreamente en su natal Michigan que el New York Times reporta que “es difícil encontrar a alguien con más pasión por la idea de redirigir fondos públicos lejos de las escuelas públicas tradicionales”. Las críticas comunes frente a esta iniciativa de school choice impulsada refieren que los sistemas tradicionales ya se encuentran crónicamente subfinanciados, que la regulación de las alternativas educativas propuestas es vaga en varios estados, y que algunas opciones violan los principios de separación Iglesia/Estado al financiar educación fundamentalista (alrededor del 75% de las voucher schools son religiosas). Básicamente, este tipo de opciones redirige recursos públicos a modalidades educativas menos supervisadas y más privatizadas.

A través de su cargo, DeVos promueve el desmantelamiento de la regulación en K-12 tal como lo ha hecho durante gran parte de su carrera. Así, los mismos esfuerzos desregulatorios no deberían venir como sorpresa en el contexto de la educación superior al ser ella misma una billonaria asociada a un operador de universidades con fines de lucro, así como a inversiones en empresas de cobranzas que persiguen a los estudiantes por incumplimiento en el pago de sus créditos estudiantiles. Así, por alarmantes que sean ciertas de sus posiciones (e.g. su incoherente defensa de las armas en los colegios como protección frente a osos salvajes), en la actualidad, las preocupaciones de la sociedad civil se basan principalmente en su accionar sobre la Oficina de Derechos Civiles (OCR) de su departamento y en la (falta de) investigación de las universidades y escuelas con fines de lucro fraudulentas.

Al ser cuestionada sobre la misión de la OCR, DeVos mantiene que trata de “proteger los derechos civiles tal como lo determina la ley de esta tierra” (spoiler alert: el verdadero mandato oficialmente es “asegurar el acceso igualitario a la educación y promover la excelencia educativa a través de la imposición vigorosa de los derechos civiles”). Esta oficina es muchas veces la única alternativa para personas que no pueden costear defensa legal contra lo que consideran infracciones a sus derechos civiles y, la verdad del asunto, es que la actual secretaria de educación está restringiendo sus funciones y capacidades. Un reporte indica que entre los cambios implementados se encuentran medidas que permiten a la OCR dejar de lado aquellos casos que responden a un patrón de quejas ya atendido previamente (esto niega la legitimidad de investigar abusos sistemáticos), o  también aquellas que se presentan por primera vez, pero que resultan demasiado onerosas en tiempo o recursos de la oficina. Como consecuencia, se han desestimado ya más de 500 reclamos de derechos presentados por discapacitados. Además, las estadísticas que permitían conocer sesgos raciales o de género ya no están disponibles, haciendo difícil el develamiento de las discriminaciones sistémicas.

Otro tema controversial sobre el que la administración Trump ha dado marcha atrás es respecto a los derechos vinculados a la identidad de género y las severas medidas contra el abuso sexual en las universidades. Lo primero se manifiesta en el debate sobre los alcances de las leyes contra la discriminación que afecta en particular a los estudiantes transgénero. Lo segundo (ver notas previas 1 y 2), sobre la necesidad de promover la aplicación de sanciones contra el abuso sexual basados en la “preponderancia de la evidencia” (que pone por delante los derechos de la víctima), por los de “evidencia clara y convincente” (que se inclina por la presunción de inconciencia mientras haya una duda razonable). La reversión de la normativa en estos casos implica que las universidades ahora tienen discreción sobre qué estándar de evidencia requieren para determinar culpabilidad y aplicar sanciones, así como la capacidad de buscar soluciones informales a través de la mediación. Desde entonces, varios grupos de derechos de víctimas y de mujeres han establecido una demanda colectiva contra la secretaria de educación.

Por otro lado, se encuentra el tema de la regulación de las universidades con fines de lucro. La administración de Obama instaura dos acciones ejecutivas cruciales a las que DeVos se ha opuesto: una es un conjunto de normas que protege a estudiantes de instituciones predadoras que ofrecen formación universitaria de baja calidad otorgando préstamos que no se pueden pagar; y la otra es la finalización de las acciones de ACICS (Accrediting Council for Independent Colleges and Schools) que acreditaban a las universidades públicas y privadas que pueden acceder a financiamiento federal. Actualmente, han aumentado los requerimientos para reclamar sobre tasa de interés excesivas o directamente estafas realizadas por algunas universidades, y  según el New York Times, el equipo especial que investigaba estos abusos ha sido reasignado. Todo indica que son tiempos tumultuosos para los derechos de los estudiantes con DeVos a cargo.

 

Fuentes:

 

Antecedentes:

 

Enlaces:


Aviso: Los contenidos de este boletín sintetizan la información y los debates tomados de los medios de comunicación y las investigaciones que se citan al pie. Su contenido no refleja necesariamente la opinión del Vicerrectorado Académico de la PUCP.


Deja un comentario