Jueves 25 de abril del 2019

19 años de democracia ¿y la universidad?

La universidad peruana no puede estar al margen del debate y debe comprometerse en la defensa y participación activa de la democracia.

Al cierre de este boletín, hoy jueves veinticinco de abril, se cumplen 6728 días de democracia ininterrumpida en el Perú, el período más largo en nuestra historia. Sin embargo, sin caer en “celebraciones” y vitoreos, como si de un record Guinness se tratara, deberíamos primero reflexionar y criticar estos diecinueve años a la luz de los mismos frutos de este periodo (corrupción, crisis política, “falsa” representación, entre otros) y el impacto que han tenido estos en la universidad peruana y la sociedad en general.

 

La época de la desregulación

Siguiendo el aliento neoliberal a la inversión privada en todos los sectores, junto con el incremento de la demanda por acceso a la educación, en 1996, todavía no en democracia, se promulgó el Decreto Legislativo 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, con la cual se iniciaría lo que hoy conocemos como la época de la desregulación de la universidad peruana. Ante este nuevo marco, los sucesivos gobiernos democráticos, que hoy “celebramos”, contribuyeron a dicha desregulación llegando, por ejemplo, a crearse 73 universidades entre 2001 y 2016, siendo, además, la mayoría privadas (para mayor detalle, ver documentos 1 y 2)

Como apunta Cuenca, la “democratización” de la universidad peruana en este periodo, valga la redundancia, democrático, no se cumplió, puesto que la universidad “sigue siendo un proyecto posible básicamente para los jóvenes que pertenecen a los quintiles de mayores ingresos en el país. Mientras que entre los más pobres (Q1 y Q2) la cobertura alcanza el 10%, en el quintil cinco la matrícula es de 45% [. Además, el] 1% de los jóvenes indígenas amazónicos ingresan a la universidad, y […] la empleabilidad de los jóvenes es baja”.

Por otro lado, además de la desregulación, las recientes universidades creadas, u otras ya con un buen número de años, estuvieron a la par de la corrupción sistemática que caracteriza a este periodo democrático o se convirtieron en bastiones desde donde llegar al poder. Entre el primer grupo, recordemos la proliferación de honoris causa entre los implicados en el caso “Los Cuellos Blancos” (ver nota previa), las denuncias aparecidas en diversos medios de lavado de activos para el exrector de la UAP Fidel Ramírez, las denuncias de lucro y cargos de dirección en empresas subsidiarias para la USMP; en el segundo, como recoge el portal Ojo Público, José Luna y Telesup; UCV y César Acuña; Joaquín Ramírez, UAP y la creación en moratoria de la Universidad Juan Pablo II. Son muchos más los casos que podrían ejemplificar el vínculo entre malos manejos y universidad, pese inclusive al creciente rol que Sunedu, Indecopi, Contraloría, etc. para enfrentar estos problemas  (ver nota previa A y B).

 

No podemos estar al margen del debate

Frente a este escenario de corrupción y desregulación, la crítica y participación en la vida política de las universidades han disminuido considerablemente, quizás por otras preocupaciones acreditadoras del momento. El debate que se genera dentro de la universidad se agota dentro de la misma, no llega a la sociedad en general, no se discute abiertamente con los medios de comunicación. Independientemente de la opinión, las universidades deben tomar posición y no estar al margen del debate nacional. A esto, cabe preguntarnos ¿dónde está la representación estudiantil? Y ¿por qué los profesores no se pronuncian ante problemas vinculados a su profesión? ¿Dónde está la voz de los y las especialistas? Sobre los primeros, hay universidades que prohíben la participación política de sus estudiantes, y la Ley Universitaria no contempla esta práctica como un derecho estudiantil. Una vez más, debemos recordarle a la comunidad universitaria en general que ejercer y defender la democracia de la corrupción es una práctica cotidiana y política, la cual no puede ser suprimida del claustro universitario. Sin embargo, también hay que recalcar que en estos diecinueve años la representación estudiantil ha perdido la fuerza de épocas pasadas. Sean las formas, sea un proyecto lo que afecta a la representación estudiantil clásica, hoy vemos que nuevas agrupaciones sin relación gubernamental directa con las universidades empiezan a canalizar la política estudiantil, siendo el caso emblemático los grupos contra la violencia de género. Y, sobre el cuerpo docente, habría que recordar que enseñar es también un acto político de formación ciudadana, el cual no se agota en el salón de clase, sino también se practica en lo público. La producción intelectual no puede estar atada al solo artículo académico; otros géneros de mayor alcance, sean el ensayo, la columna de opinión, entre otros, deben de regresar.

 

Palabras finales

Ante todo, hoy, después de diecinueve años de democracia, la situación de la universidad peruana empieza a mejorar, pues contamos con entes reguladores que vienen cumpliendo eficazmente su trabajo, a pesar de los ataques. Asimismo, esperamos con estas instituciones poder equiparar condiciones básicas entre las universidades licenciadas para una óptima educación y poder democratizar la universidad peruana. En el camino, sin embargo, debemos de recordar que puede llegar un día en que la corrupción, para desgracia y enseñanza de todos, despierte en una ciudad dichosa.

 

Fuentes:

 

Antecedentes:

 

Documentos:

 


Aviso: Los contenidos de este boletín sintetizan la información y los debates tomados de los medios de comunicación y las investigaciones que se citan al pie. Su contenido no refleja necesariamente la opinión del Vicerrectorado Académico de la PUCP.


 

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