Jueves 28 de junio del 2018

Hay universidades que hacen poco o nada por licenciarse

El pesimismo de nuestro “Iván Turgénev”.

En estos últimos días, Iván Rodríguez, rector de la Universidad Ricardo Palma y presidente de Asup, ha dado dos entrevistas (1 y 2) en las que continua su ataque a la Ley Universitaria (ver nota previa) y lanza algunas afirmaciones sin mayor sustento: le preguntan sobre la enseñanza en línea y responde que la educación presencial “debe ser inmortal e irremplazable”; acusa a la Sunedu de ser “un órgano que… está para castigar, perseguir y fiscalizar”, y que si ella está adscrita al Ministerio de Educación, entonces no hay autonomía universitaria. Sin dar un solo dato, afirma que la Ley no ha mejorado la calidad de las universidades, que para ello lo único que se necesita es más inversión del Estado, y que la única función de la Sunedu debe ser licenciar universidades.

Del otro lado, el Rector de la UNSA de Arequipa, Rohel Sánchez, en respuesta a las declaraciones de Rodríguez, ha señalado que la Ley Universitaria no afecta la autonomía y que: “Dentro de la ASUP hay algunas universidades cuya actividad es lucrativa y empresarial. Es difícil que allí pueda converger una idea de desarrollo universitario”. Además, ha señalado que las universidades privadas deberían estar agrupadas dentro de la Confiep.

 

Avances y situación del licenciamiento

Mientras tanto, la preocupación de la mayor parte de las universidades por alcanzar el licenciamiento continúa, pues en la actualidad existen ya 42 universidades licenciadas (28 privadas y 14 públicas). Es claro que el periodo de licenciamiento se ampliará probablemente hasta mayo del próximo año (ver nota previa). Pero, de las 37 universidades públicas que deben licenciarse, al menos una decena tendrá enormes dificultades en gran medida porque el ciclo de los proyectos públicos toma más de un año. De las 66 privadas que faltan licenciarse, las que “no tienen voluntad de licenciarse, junto con las que no tienen recursos para invertir, apuestan a poner recursos de amparo y esquivar la Ley”, como dijo el presidente de la Asup, o a generar condiciones políticas favorables a sus intereses.

Frente a ello, el superintendente de la Sunedu, Martín Benavides, ha señalado con claridad que si hay universidades que no cumplen con las condiciones básicas de calidad llegada la fecha, tendrán una denegación de la licencia y deberán iniciar un plan de cierre, mientras las que cumplen con las condiciones básicas de calidad seguirán funcionando.

La situación del licenciamiento se ve en el gráfico debajo. En teoría, las que están más cerca de licenciarse son las que están en etapa de verificación; y las más retrasadas, las que recién están en etapa de revisión documentaria. Para tener el detalle de las universidades en cada etapa, puede consultar la página de avances de licenciamiento de Sunedu.

Benavides señala, sin embargo, que hay universidades que han recibido hasta 10 informes de observaciones y de los 31 que están en etapa de adecuación solo dos están aprobados.

El Minedu, por su parte, sigue apoyando la política de aseguramiento de la calidad del sistema universitario a través de financiamiento de nuevas plazas, bonos a docentes investigadores, fortalecimiento institucional, etc. Entre el 2016 y 2017, destinó 310 millones de soles y en el 2018 el Minedu suscribió convenios con 21 universidades públicas para que se haga efectiva, desde este mes, una transferencia de 120 millones de soles para estas (ver nota previa). Las mayores inversiones para el licenciamiento de las universidades nacionales son resultado de un mejor alineamiento del presupuesto de cada universidad con las exigencias de las condiciones básicas de calidad establecidas por Sunedu. Hay, sin embargo, como se ha mencionado, 37 instituciones de educación superior públicas que probablemente requieran de apoyo técnico y económico adicional si se pretende que alcancen el licenciamiento en el plazo de poco más de un año.

 

La universidad no solo tiene que licenciarse, la investigación es otra de sus tareas

En una presentación, la semana pasada en la PUCP, el premier Villanueva declaró que está convencido de que la investigación no es un gasto, sino una inversión y es un error que se considere la contratación de investigadores como gasto corriente, y por tanto no elegible para aplicar los recursos del canon que se acumulan sin ser ejecutados en muchas regiones. Este cambio –según dejo ver el premier- es un cambio de mayor plazo e invocó a los economistas y estudiantes de esta carrera a pensar en ello. Más adelante, se refirió nuevamente a este asunto señalando que están trabajando para continuar haciendo uso de un mecanismo que permita a Concytec ejecutar recursos del canon a través de las universidades regionales. Y añadió en este mismo sentido que se estaría llegando a un acuerdo con la Corporación Andina de Fomento – CAF para promover la investigación y generación de patentes en las universidades.

 

Pero la investigación no solo debe realizarse, sino evaluarse

El Consejo Superior de Evaluación de la Investigación y la Educación Superior (Hcéres) es una entidad francesa independiente que evalúa la investigación y la enseñanza en la educación superior y actúa de acuerdo con las normas internacionales de la UE. Esta organización y Sineace han firmado, en virtud de un acuerdo de 2016, un convenio para fortalecer la formación y acompañamiento  de evaluadores externos y, asimismo, capacitar a funcionarios y cuerpo rectoral de universidades públicas y privadas en procedimientos de evaluación.

 

Fuentes:

 

Antecedentes:

 

Aviso: Los contenidos de este boletín sintetizan la información y los debates tomados de los medios de comunicación y las investigaciones que se citan al pie. Su contenido no refleja necesariamente la opinión del Vicerrectorado Académico de la PUCP.

 

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