Jueves 12 de octubre del 2017

Sunedu se defiende

Mientras Sunedu responde a Congresistas, UPC y USIL logran el licenciamiento.

Sunedu sigue siendo cuestionada desde distintos frentes. Esta semana, la superintendente se presentó ante la Comisión de Educación del Congreso donde tuvo que responder, entre otros temas, sobre las controversias creadas por las resoluciones N°034 y N°054.

La Resolución N°054 cambió los criterios para establecer el plazo de vigencia de la licencia, a pesar de que ya cuatro universidades (UTEC, PUCP, Cayetano y U. de Lima)  habían culminado el proceso en 2016. Lorena Masías responde que se trata de una precisión y de un criterio que se viene aplicando en los hechos e indicó que existen diversos requisitos que las universidades deben cumplir para lograr el licenciamiento: entre ellos, la producción científica medida en la publicación en revistas indexadas, y la política de desarrollo docente expresada en la composición del claustro según la proporción de profesores ordinarios, de cuántos cuentan con maestrías y doctorados, y del nivel de internacionalización: posgrados en universidades extranjeras de primer nivel.

Mayores niveles de publicación y de internacionalización permiten una mayor calificación y más años de licencia. Sin embargo, los congresistas Javier Velásquez Quesquén y Lucio Ávila mencionaron que estos criterios eran subjetivos y que, con la Resolución, la Sunedu estaría beneficiando a ciertas universidades. Con respecto a este tema, uno de los debates gira en torno al uso de rankings internacionales cuyos criterios de evaluación y pertinencia conviene conocer y discutir (ver notas previas 1, 2, 3).

Los funcionarios de Sunedu también respondieron los cuestionamientos del congresista Mario Canzio (FA) sobre el cese de docentes mayores de 70 años. La congresista Marisa Glave destacó que se ha recibido varias iniciativas para modificar el Art. N°084 de la Ley Universitaria y así posponer la edad de jubilación, ya que esto es una responsabilidad compartida con el Congreso. Al respecto, Sunedu respondió que el sentido de la Resolución N° 034 era que el cese fuera gradual y en base a una evaluación a cargo de las propias universidades, pero luego de un diálogo con los rectores de las universidades, conociendo las iniciativas de algunos congresistas, y teniendo en cuenta la necesidad de contar presupuesto y normas para su aplicación, la resolución se dejó en suspenso el 28 de setiembre (ver nota previa). Sobre este tema, Nicolás Lynch sostiene que San Marcos es la universidad que ha presentado la mejor alternativa para el retiro de los docentes mayores de 70 años. Por otro lado, la ANUPP publicó dos comunicados (ver a y b) antes y después de la presentación en el Congreso, en los que solicita que se derogue la resolución y se posponga la jubilación hasta los 75 años.

También, se discutió sobre la falta de recursos asignados para que las universidades públicas puedan cumplir con las condiciones básicas de calidad (ver nota previa). Sin embargo, ya en una anterior presentación de la Sunedu en el Congreso, Masías habría señalado que Sunedu no tiene competencia respecto del presupuesto universitario y que, de acuerdo a la normas vigentes, la asignación de recursos presupuestales depende del MEF y el Minedu; asimismo, precisó que lo que sí está haciendo es procurar resolver las dificultades administrativas para ayudar a que las universidades públicas que tienen dificultades puedan obtener la licencia. También, precisó que la demora en el licenciamiento de las públicas se debe a su dificultad para levantar las observaciones que Sunedu debe realizar para verificar el cumplimiento de los indicadores de calidad; dificultad que se produce por la complejidad de la gestión administrativa en la universidad pública, y que por eso estaban también tratando de simplificar los trámites.

Lo que sí destacó Masías durante su presentación es que la Sunedu se ha reunido con ANUPP y universidades emblemáticas como San Marcos para tratar el tema y que estas tendrían ya una buena perspectiva de avance para su licenciamiento.

Por su parte, Masías presentó los avances de Sunedu. Entre los más destacables se encuentran los siguientes: 125 universidades, de un total de 142, han presentado solicitud de evaluación para ser licenciadas y que, actualmente, existen 19 universidades licenciadas contando a la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC) y la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), las cuales acaban de obtenerlo. También, destacó que 5,000 estudiantes de programas no autorizados han logrado recanalizar sus estudios en programas autorizados. Además, destacó que han sancionado a tres instituciones por brindar servicios educativos sin autorización (ver nota previa).

Otras noticias

La ASUP sostuvo una reunión con el ministro Idel Vexler en la que dieron a  conocer su posición de desacuerdo frente a la Sunedu porque consideran que esta institución está gobernando la universidad a través de reglamentos que vulneran su autonomía y que desde su existencia hay un serio retroceso en términos de autonomía para las universidades.

Finalmente, Alan Fairlie (FA) propone una política de educación superior que forme parte de una política de innovación, ciencia y tecnología integral, vinculada a una estrategia nacional de desarrollo. Ella supone al menos igualar la inversión en ciencia y tecnología al promedio per cápita latinoamericano; desarrollar la carrera del investigador; crear el Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología, y Educación Superior; duplicar el presupuesto para la universidad pública; generar una adecuada interacción entre el Estado, sector privado y la universidad. Adicionalmente, propone constituir una sola organización que agrupe a todos los rectores para efecto de coordinación de sus actividades y darle a la Sunedu una mayor autonomía. Por otro lado, Luis Lescano (FIPES) propone que Sunedu no dependa de Minedu y su consejo esté formado por representantes de universidades (incluyendo societarias), Sineace, empresarios (Confiep) y la sociedad civil; y también plantea cambios en la Ley Universitaria para hacerla más abierta a la educación a distancia, regular las carreras no por tiempo, sino por créditos, y homogeneizar las exigencias de jubilación por edad entre públicas y privadas.

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