Jueves 04 de octubre del 2018

Ser pilo ya no paga en el nuevo gobierno colombiano

Un breve recuento de la génesis, muerte y alternativas de un programa de inclusión educativa en uno de los países con mayor desigualdad del mundo.

Se ha reportado que, desde sus épocas de estudiante, Roberto Zarama se obsesiona con una idea: la forma en que una pequeña perturbación a un sistema puede producir una gran modificación en el comportamiento de ese mismo sistema, en la posibilidad de cambiar una pequeña regla para alterar todo el juego. Así, el matemático ha utilizado sus modelos para proponer medidas anticorrupción y para explicar fenómenos tales como los conflictos armados y más recientemente, como la educación. Para este fin, en el 2011 recluta a uno de sus alumnos, Juan Felipe Penagos, para trabajar el tema de financiación en la educación superior colombiana. Juntos diagnostican una grave desarticulación entre las oportunidades de alumnos sumamente destacados de sectores socioeconómicos bajos y sus oportunidades de educación superior, en especial en instituciones acreditadas, creando de esta forma el ADN del programa “Ser pilo paga” (SPP).

Los investigadores eventualmente son invitados a exponer su propuesta en una reunión informativa para el comité del nuevo gobierno en donde Gina Parody, quien sería nombrada ministra de educación días después, la recogería y presentaría en el ministerio.  De esta forma, nace uno de los programas educativos más controversiales de la región, entre cuyas principales críticas se encuentra la enorme transferencia de recursos hacia las universidades privadas y el pago de la deuda en caso de deserción. Este se basa en la cobertura de la matrícula y subvención del costo de vida de estudiantes destacados de sectores socioeconómicos menos favorecidos. La investigación de Zamara y Penagos fue clave en su planteamiento, pues encuentran que alrededor de 18 mil estudiantes de secundaria de los estratos bajos obtenían resultados académicos entre el 5% más alto de la población, pero que solamente 4000 mil lograban insertarse en educación superior eventualmente. Además, llegan a calcular que el retorno económico de la educación superior la calificaba como una inversión espectacular, lo cual se confirma con la ubicación de Colombia en el primer puesto de la región en prima salarial universitaria.

Se debe señalar que, durante su periodo inicial, el programa gozó de gran apoyo político, debido a su naturaleza de inclusión social (las historias de jóvenes de veredas, muchas golpeadas por el conflicto armado, entrando a estos centros académicos conmovieron al país); sin embargo, las implicancias para el sistema universitario público rápidamente llevaron a su pérdida de popularidad. Esto es evidenciado a través del fracaso de elevar el costoso proyecto a la categoría de política de Estado. El observatorio de la Universidad Colombiana advirtió repetidas veces que el programa para los 40 mil estudiantes beneficiarios correspondientes a los 4 años del gobierno de Santos mantenía altísimos costos y que, a pesar de que el Ministerio de Educación sostuvo consistentemente que contaba con los recursos necesarios, no se calculó adecuadamente para el costo de mantenimiento del programa, sino solo para iniciar las nuevas cohortes. Todo este proceso nos lleva a un nuevo contexto para la educación colombiana: el gobierno del uribista Iván Duque, quien comenzó su periodo el 7 de agosto.

A un mes de su presidencia, la nueva ministra de Educación, María Victoria Angulo, anuncia que el gobierno nacional se encuentra trabajando en un nuevo programa que fortalezca la educación pública y que pueda sustituir el de SPP. Garantiza, además, asumir los costos de los estudios a los beneficiarios de este programa del gobierno pasado, pero que el beneficio ya no se extendería a los eventuales “pilos”. Se encuentra que los principales problemas son un déficit acumulado de 2 billones de pesos y la enorme proporción de recursos destinados a la educación superior que requiere el programa (53.6%). Las críticas enfatizan la enorme proporción de sus recursos que absorben las universidades privadas y la ineficiencia que conlleva este gasto público: para atender a cada estudiante de universidades estatales se utiliza alrededor del 26% de lo que se invierte en cada “pilo”. Se debe señalar en este punto que las universidades públicas mantienen un déficit de  de 18 billones de pesos, para el cual exigen recursos adicionales para el presupuesto de educación – esta situación ha mantenido una clara brecha de calidad frente al sistema privado. Las universidades públicas no tienen actualmente ni la preferencia de los estudiantes de SPP ni la capacidad de absorberlos, por lo que se deja así al gobierno colombiano con la difícil disyuntiva de priorizar el fortalecimiento del sistema público o el posicionamiento de los mejores estudiantes en las mejores instituciones.

Aún es incierto cuál será la alternativa propuesta por el gobierno en un contexto de déficit económico; sin embargo, podemos esperar un énfasis importante en la educación pública por lo menos discursivamente. Se debe enfatizar que los recursos para mantener a los beneficiarios previos de SPP absorberán todavía mucho del presupuesto educativo por años a venir (todavía ni se han llegado a graduar las primeras promociones). Algunas alternativas planteadas para mantener el énfasis en la inclusión social son la promoción de los programas de admisión especial combinadas con acompañamiento efectivo, así como el énfasis en el fortalecimiento de la universidad pública a partir de su rol de presencia y cobertura regional. Colombia es actualmente el cuarto país más desigual del mundo y se encuentra en un proceso de pacificación largamente esperado que debe encontrarse con formas efectivas de lograr justicia social. Esperemos que los esfuerzos para encontrarla a través de la educación no sean lastimados por la anunciada muerte de “Ser pilo paga”.

Fuentes:

Antecedentes:

 


Aviso: Los contenidos de este boletín sintetizan la información y los debates tomados de los medios de comunicación y las investigaciones que se citan al pie. Su contenido no refleja necesariamente la opinión del Vicerrectorado Académico de la PUCP.


 

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