Jueves 11 de octubre del 2018

Nuevamente… ¡Al ataque!

Nuevos ataques a la reforma universitaria y nuevos alcances sobre la ejecución del presupuesto en las universidades públicas.

Con el alarmante título “Más de un millón 400 mil universitarios quedarían en ‘el aire’”, el Heraldo, vocero periodístico del Congreso de la República, resume una mesa de trabajo sobre “Mecanismos Constitucionales de la Ley Universitaria Nº 30220 y sus Consecuencias” alentada por la Asup. El artículo, sin mencionar las fuentes de los datos ni otros documentos de referencia, alerta sobre el peligro de burocratización de Sunedu, toma la cifra del total de alumnos de las universidades como si fuera el número de estudiantes de las universidades que aún no se han licenciado, cometiendo un error garrafal en la divulgación de una noticia, además no informa sobre las resoluciones 111 y 112 de Sunedu sobre los reglamentos que previenen las consecuencias de cese de universidades y consideran alternativas para su transformación, fusión o disolución (ver nota previa). Destaca por el contrario que no se “ha contemplado el factor social ni las consecuencias que tendrá en la comunidad universitaria” y, además, señala que “las universidades licenciadas no están preparadas para recibir al número de alumnos que ya no podrán continuar estudios en sus universidades de origen”. Todo esto cuando todavía no termina el proceso de licenciamiento y se conoce que luego de que este termine hay dos años para procesar estos impactos teniendo como principio no perjudicar a los estudiantes y sus familias. Valdría en este caso pensar en cómo hacer las cosas de mejor manera y no argumentar que hay que dejar de hacerlas.

Este es un nuevo ataque a la reforma universitaria y al licenciamiento, que últimamente han sido siempre el blanco de distintas arremetidas por parte de un grupo de universidades y congresistas cuyos intereses se ven limitados por la existencia de la Ley Universitaria (ver antecedentes 1, 2, 3).  Además, detrás de la propuesta de presentar un proyecto para derogar el DL 1451 y la intención de ampliar el tiempo para la obtención del licenciamiento de la congresista Yeni Vilcatoma, quien participó  de la mesa de trabajo antes mencionada, hay cuestiones que se deberían analizar con más detalle.

El artículo contenido en el DL 1451, referido a la Ley Universitaria, es el 32. En este, se establece que la creación de universidades será por iniciativa de sus promotores en el caso de las privadas y a través de una Ley cuando se trata de las públicas, además estas últimas deberán tener la opinión técnica del favorable de los ministerios de economía y educación, y seguir las pautas establecidas conjuntamente con la Sunedu. Si se aprueba la derogatoria, se permitiría que al término de la vigencia de la moratoria para la creación de universidades se vuelva a producir una avalancha de proyectos de ley para nuevas universidades sin más criterio que el interés de los congresistas que la propongan, dejando de lado los requisitos mínimos de calidad y pertinencia.

Otra disposición contenida en este artículo señala que la elección de representantes de universidades ante los organismos colegiados, como las que se hicieron para el Consejo Nacional de la Magistratura (CMN), debe ser convocada por Minedu en coordinación con la ONPE, además de contar con reglamentos y asegurar un proceso transparente, previniendo así que en nombre de la autonomía universitaria, se evite elegir a personas que no cuenten con las calificaciones requeridas para los cargos que deben desempeñar, como ya ha ocurrido. Hay que recordar que el proyecto de reforma constitucional mantiene entre los miembros de la Junta Nacional de Justicia a dos rectores: uno elegido por las universidades públicas y el segundo elegido por las  universidades privadas.

También, se encuentra en el DL 1451 la modificación contenida en el art. 11 sobre la entrega de información de las universidades públicas al Sistema Integrado de Información de la Educación Superior Universitaria, cuya importancia es vital si lo que se requiere es que padres de familia, estudiantes, el Estado, las propias universidades y la sociedad en general pueda tomar decisiones en base a evidencia y no suposiciones o prejuicios, al mismo tiempo que se ordenan los requerimientos de datos que provienen de diferentes instituciones públicas.

Estos son los detalles de las normas del DL 1451 que se pretende derogar; sin embargo, es importante conocer de qué se trata en la práctica y cómo afectaría al sistema universitario.

 

Sobre el presupuesto de universidades

En lo que va del 2018, las universidades públicas han recibido, según el portal del Ministerio de Economía (consulta amigable), un presupuesto total de S/.4, 911 137 915. De este presupuesto, han ejecutado en conjunto a octubre de 2018 sólo el 70% quedando para los meses que faltan casi el 30% del presupuesto aún pendiente de ejecución.

Las universidades que hemos identificado y que tienen más problemas para la ejecución son, por ejemplo, la Universidad Intercultural de Quillabamba, la cual solo ha ejecutado el 11% de su presupuesto, situación particular que el Estado debería tomar en cuenta, ya que es una universidad nueva, además su presupuesto es mayor que otras porque cuenta con recursos de canon que no es capaz de utilizar. Otro ejemplo que podemos destacar es la Universidad Micaela Bastidas de Apurímac, a cuya crisis institucional se suma la incapacidad administrativa patentada en solo 36% de ejecución a poco de terminar el año. Es importante señalar que estas dos universidades aún no han logrado el licenciamiento (click en el gráfico 1).

En cuanto a las universidades licenciadas, se podría decir que les ha ido algo mejor en cuanto a la ejecución presupuestal (click en el gráfico 2), la que tiene menor ejecución es la Universidad de Cañete, ha gastado el 38% de su presupuesto, mientras la mayoría supera el 60% de ejecución presupuestal. La reflexión final es que es necesario aumentar el presupuesto para las universidades públicas, pero de nada sirve aumentar si no se puede ejecutar.

 

Fuentes:

 

Documentos:

 

Antecedentes:

 


Aviso: Los contenidos de este boletín sintetizan la información y los debates tomados de los medios de comunicación y las investigaciones que se citan al pie. Su contenido no refleja necesariamente la opinión del Vicerrectorado Académico de la PUCP.


 

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1 comentarios

Dianisa Yuimachi Torres| 18 octubre, 2018,a las 2:44 am

Seres. Sunedu es para mi una burla a los jóvenes que en harás de buscar un mejor futuro y llevar a nuestro país al progreso.. No me cabe que por lo menos se dignaran en ver el gran esfuerzo que hacen estas casas de estudio por pasar al licenciamiento, desde aquí les pido que por favor se amplíe el plazo establecido.. No pensando en dejar fuera a una abrupta cantidad de jóvenes..si no hay que enfocarse en las soluciones que se pueda dar y permitir que puedan terminar sus estudios y puedan cumplir con sus metas y objetivos trazados, no maten los sueños así x k si, el verdadero hombre luchará hasta el final, solo espero que Dios se apiade de uds..y que proteja estas universidades que albergan miles de vidas con una inteligencia capaz de cambiar y solucionar lo que hoy es problema para uds..Adiós y piense lo mejor…