Jueves 04 de julio del 2019

Más vale universidad en mano que ciento de universidades AMLO volando

El ambicioso proyecto de López Obrador en México inicia con sedes provisionales y sin reconocimiento de validez oficial.

Mientras en Perú somos testigos del alto daño colateral del “libertino” proceso de privatización de universidades que nos dejó los noventas (reducido al lucro, sin regulación ni calidad), en México, la reciente iniciativa de Andrés Manuel López Obrador y sus “Universidades para el Bienestar” dan los primeros anuncios de alerta. Aunque son dos propuestas con protagonistas diferentes (la primera involucró al sector privado, el segundo al público), tienen una motivación y un mecanismo similar: en ambos casos el objetivo era ampliar el acceso a la educación superior, y todo parece indicar que, así como en el caso peruano, no será un proceso regulado.

El caso peruano ya es conocido. En el gobierno de Fujimori, con el Decreto Legislativo 882 del año 1996, que promovió la inversión privada en la educación, y con la creación -un año antes- del Consejo Nacional para la Autorización y funcionamiento de Universidades (Conafu-Ley N° 26439), que relajó los parámetros de funcionamiento de las universidades, se consiguió una rápida propagación de instituciones con fines de lucro, lo que sacrificó estándares de calidad. Bajo esas dos premisas, las principales consecuencias fueron promociones de profesionales con una formación de baja calidad, y la oferta universitaria óptima quedó lejos del alcance de los que más la necesitaban.

En México, según información de la OCDE hasta el 2016, solo el 17% entre la población de 25 a 64 años tiene estudios de nivel superior y, según información del mismo gobierno, solo 3 de cada 10 jóvenes recién egresados de secundaria logran acceder a la universidad. Esos indicadores de cobertura lo posicionan al final de la clasificación entre los países de la OCDE y con una ubicación decepcionante entre países de la región. No sorprendió entonces que el nivel de ingreso a educación terciaria sea una de las prioridades en la campaña a la presidencia de AMLO y se concretó en una reforma que busca “establecer la obligatoriedad de la educación superior”.

El marco legislativo ya se aprobó y apuntando a ese objetivo es que nace el proyecto de las 100 “Universidades para el Bienestar”. Se planteó la construcción de 100 sedes universitarias en diversas localidades de México, lugares que fueron seleccionadas a partir de criterios de volumen de oferta y nivel socioeconómico. Según la directora de “Universidades para el Bienestar”, los planteles se ubicarían donde haya “abandono y violencia; la intención es atender a esas regiones con un sentido comunitario”. A este centenar de instituciones se les suma las 19 universidades inauguradas en el 2015 por el mismo partido de AMLO, denominadas “universidades de Morena” (Movimiento Regeneración Nacional), 13 de las cuales no tienen validez oficial.

Según lo establecido por la propuesta, la iniciativa se activó este 2019 y 83 de las 100 universidades ya empezaron con las clases. Sin embargo, apenas iniciadas sus actividades ya exponen algunas graves deficiencias en parámetros de calidad y pertinencia. Lo que más acaparó la atención en los medios mexicanos ha sido el nivel de precariedad de las sedes donde estas instituciones han empezado a funcionar (clases en biblioteca municipal,ver foto debajo), sin los servicios ofrecidos de manera oficial como bibliotecas, laboratorios informáticos y espacios para poner en práctica el uso de energías renovables, y en muchos casos con locales prestados y muy alejados de las zonas establecidas en su concepción.

Sin embargo, ese no sería el único ni el más profundo problema. El paradigma utilizado para el establecimiento de estas universidades tiene el mismo perfil y misma dirigencia que las mencionadas “universidades de Morena”, que desde el 2015, con 9 sedes y 19 programas, solo 2 han obtenido el “Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del tipo Superior” (RVOES), registro que hace la autoridad educativa de que los programas de una institución cumplen con los requisitos mínimos que establecen la Ley General de Educación. De manera oficial, estas instituciones no cumplen los estándares requeridos en cuanto a profesorado, instalaciones y planes de estudio. Ese mismo problema tienen las nuevas 100 universidades, la misma precariedad de su infraestructura se refleja en la gestión y lo académico: planes de estudio y capacitación para los profesores prácticamente improvisados y, al no contar con el RVOES, el título obtenido al concluir no sería reconocido por la autoridad educativa.

¿Y qué organismo se hace responsable del funcionamiento de esas más de 100 instituciones? Hasta el momento es un programa que omite el aval de la Secretaría de Educación Pública (ministerio) y más bien está bajo la autoridad del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y El Caribe (Crefal), ente internacional, creado con fines de cooperación educativa entre varios países y que ahora ha sido replanteado para ser el soporte de las “Universidades para el Bienestar”. El problema es que hoy por hoy no existen mecanismos oficiales para verificar el funcionamiento de este Crefal.

Por su parte, López Obrador y la dirección de las “Universidades para el Bienestar” han afirmado que los inconvenientes y omisiones se irán resolviendo con el transcurrir del tiempo, que se tienen bien definidos los planes de construcción en las diferentes comunidades y se irá trabajando en la acreditación; en un futuro también con la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de un organismo descentralizado y en conjunto con la Crefal. Sin embargo, el antecedente de las universidades de Morena no da buena espina.

Entre las críticas a López Obrador sobre las decisiones en el ámbito de la educación superior, no solo emerge la informalidad de su primera gran propuesta, sino que hasta ahora es la única y apunta a tan solo 32,000 estudiantes en un sistema universitario con una matrícula reciente de más de 3 millones de estudiantes. Especialistas sostienen que más que aumentar la cantidad de sedes universitarias, es imperativo observar los canales de ingreso que priorizan notoriamente a los que ya gozan de mejores oportunidades. En el caso de jóvenes de bajo nivel socioeconómico, ni siquiera el 10% accede a educación superior, comparado con el casi 60% de los que tienen mayores ingresos. Una tercera crítica apunta al descuido del aseguramiento de la calidad, sacrificado en nombre de ampliar el acceso con celeridad. Además, la llamada “obligatoriedad de la educación superior” planteada por AMLO, como cada propuesta similar, cae en el saco de las promesas “utópicas” por no poderse sustentar en el papel el gasto que requiere una propuesta así de ambiciosa, y en un país con una amplia brecha de cobertura.

Así, además de quitar la prioridad a la evaluación docente en la educación básica, accediendo a las demandas de un sindicato altamente corrupto, el inicio de la gestión de López Obrador en relación a la educación superior se presta para mucha incertidumbre y desconfianza dada la informalidad y falta de transparencia. Y, aunque su iniciativa se enfoca en el crecimiento desregulado de instituciones públicas, es inevitable hacer el paralelo con el caso peruano de los años noventas, con la explosión de nuevas universidades privadas, que en el largo plazo significó dejar de lado dos claves de la misión universitaria: calidad e inclusión.

 

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