Jueves 21 de junio del 2018

Gratuidad: ¿asegura mejor calidad y mayor acceso?

La mezcla de incremento en la demanda de educación terciaria, deudas impagables y gobiernos impacientes llevan a considerar la educación gratuita como solución “milagrosa”.

Las propuestas de educación superior gratuita alrededor del mundo están arraigadas a fuertes tradiciones políticas y sociales, pero no conducen necesariamente a mejorar las tasas de acceso o al éxito estudiantil. Esa es la conclusión en el artículo “There is no such thing as free higher education: A global perspective on the realities of free systems”, publicado en la revista Higher Education Policy de la IAU. El artículo, a pesar de reconocer las diferencias geográficas y económicas de los diversos países, agrupa la defensa de la gratuidad desde tres fundamentos.

El primero considera la educación superior como un bien público, debido a los beneficios económicos y sociales que brindarán a la sociedad los que terminen la educación terciaria; el segundo, ve la educación superior como un derecho que asegura igualdad de oportunidades, por lo que se debe eliminar las barreras al acceso; y, por último, la noción de información asimétrica (y fallas de mercado) que implica que no todos los postulantes tendrán la capacidad de tomar una decisión bien informada, por lo que la inversión en educación (bien de mérito) será menor si solo depende de los individuos y el mercado.

Estos argumentos han alimentado el debate de la gratuidad, que parece estar en agenda desde siempre, pero que se ha intensificado en los últimos años. Probablemente, motivado por las iniciativas en discusión en Estados Unidos e Inglaterra, por los cambios relativamente súbitos en Chile, Nueva Zelanda o Filipinas, o por la consolidación de estrategias semigratuitas en Brasil o en Rusia (ver 1 y 2).

En total, un estimado de 81 países ofrecen algún tipo de gratuidad, la mayoría de ellos en América Latina, el norte y el este de Europa y Asia Central.

Para poder hacer el análisis, la autora del artículo, Ariane de Gayardon, del University College of London, exploró políticas de gratuidad entre esas 81 naciones y descubrió que, a pesar de tener la misma finalidad, los planteamientos son diferentes y la mayoría tienen “mecanismos ocultos de distribución de costos para aliviar el gasto de los gobiernos”. Entre estos, se incluye el cobro de tarifas no lectivas, el establecimiento de “dual-tracks” (algunos pagan, otros no, según rendimiento) y la imposición de una restricción en la cantidad de estudiantes que recibirán el subsidio total de sus estudios.

Según De Gayardon, la realidad es que la financiación en los países de matrícula gratuita no ha estado a la altura de las expectativas, o no se ha dado abasto; el escenario no es muy diferente para los otros países con matrículas muy baratas o reguladas. En cualquier caso, a los gobiernos les quedan las siguientes alternativas: ajustar calidad o ajustar cantidad; caso contrario, optar por mantener el sistema universitario  en funcionamiento con un presupuesto crecientemente restringido, que eventualmente podría tener problemas de financiamiento, como es el caso de Alemania y Argentina, que ya mostrarían síntomas de instituciones desfinanciadas, altas tasas de abandono, y un cuerpo docente mal pagado y en su mayoría a tiempo parcial; u ofrecer gratuidad únicamente en instituciones públicas y mantener bajo estricto control su tamaño, de modo que los gastos se puedan gestionar y contener (Brasil).

En el segundo caso, se sacrifica menos calidad restringiendo el acceso, pero en ambos modelos la gratuidad universal implica problemas. O baja calidad salvo para los que pagan (en la localidad o el extranjero) o, si la asignación de vacantes en las instituciones gratuitas de calidad es meritocrática, al final se va a terminar beneficiando a quienes podrían pagar (ver antecedente).

Bajo esas premisas, se entiende por qué con las políticas de gratuidad no se obtienen una mejora constante en acceso y calidad. La educación superior gratuita debe ser parte de un conjunto de políticas relacionadas con el acceso y equidad, pero vista como solución milagrosa universal de la desigualdad no garantiza mejoras y en algunos casos puede resultar regresiva.

 

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