Jueves 31 de mayo del 2018

¿Cuál es el futuro de la acreditación en nuestras universidades?

Cómo avanza la acreditación  en el Perú, cuál es su impacto y cuáles son sus perspectivas.

Las tendencias actuales de acelerada expansión del sistema de educación superior, acompañada de creciente diversificación entre instituciones y creciente oferta privada, definen una época no sólo de cambios sino también de grandes retos; uno de ellos es asegurar la calidad. Como explicó Brunner, en un sistema tan heterogéneo la calidad puede ser discutible, pero al mismo tiempo se vuelve necesario certificarla para orientar a estudiantes, padres de familia y empleadores.

La acreditación es un aval de calidad, que generalmente acredita un nivel básico pero que puede acreditar también alta calidad, que se obtiene luego de una rigurosa autoevaluación y evaluación externa, y se expresa en un plan de mejora que compromete a la institución. El proceso de mejora continua se hace más exigente en el tiempo por lo que debe renovarse periódicamente.

Los sistemas de acreditación nacen en EE.UU., sistema universitario predominantemente privado, y las acreditaciones se crearon para segmentar los mercados. No eran acreditaciones públicas sino privadas. En los sistemas públicos tradicionales, la calidad era regulada por el Estado a través de la provisión de recursos y los filtros de acceso a la carrera docente (modelos francés y alemán). Al interior, sin embargo, las instituciones gozaban de autonomía en la gestión y manejo de sus recursos y el control de la calidad de sus resultados, tarea que complicaban los juegos de poder endogámicos (ver nota previa). Entonces, la calidad se desprendía del prestigio de los docentes, o más recientemente en criterios de eficiencia, impacto social y reconocimiento público.

Cuando la formación superior deja de ser de élite y se convierte en un servicio público masivo, el incremento de complejidad en el sistema, pero también la mayor dificultad de asegurar su financiamiento, fomentan el desarrollo de mecanismos de rendición de cuentas y aparecen (tanto a nivel nacional como internacional), entre otros mecanismos nacionales de regulación, sistemas públicos de acreditación. Este proceso descrito linealmente no deja de tener momentos de avance y retroceso, o de resistencia al cambio argumentando la autonomía universitaria. En este contexto surgen también, a nivel nacional e internacional, agencias acreditadoras de tipo diverso: las privadas, las relacionadas con las diversas carreras profesionales, las promotoras de nuevos espacios internacionales de educación superior (como las del proceso de Boloña), o aquellas que aparecen como extensión de las certificaciones ISO, etc. Cada país va construyendo su propio sistema.

La acreditación demoró en llegar al Perú. A pesar de la expansión del sistema universitario y el aliento a la inversión privada en la educación, incluyendo la de fines de lucro, a partir de 1996 (Decreto Legislativo N°882), el Sineace (Ley N° 28740) llegó 10 años después, y pasados otros siete años recién había acreditado 14 carreras. El panorama cambia en 2013 con la entrada en actividad de Procalidad que promueve la acreditación y financia planes de mejora, y con la ley Universitaria que declara al Sineace en reorganización. De allí a la fecha se han acreditado 215 carreras, de las cuales están vigentes 196 y que corresponden a 92 carreras. El debate sobre los avances y qué hacer requiere recordar las carreras aprobadas que figuran en el registro de Sunedu son 6,218; aunque la acreditación es obligatoria solo en carreras de Educación y Salud.

En los últimos seis años Sineace flexibilizó sus criterios de acreditación pasando de la idea de imponer un modelo propio incompatible con los internacionales, a convalidar acreditaciones internacionales. Paralelamente alineó sus estándares con la ley universitaria, con los criterios de licenciamiento establecidos por Sunedu y con las políticas del Minedu, tarea no siempre sencilla.

La acreditación es, junto con el licenciamiento, parte del sistema de aseguramiento de calidad sobre el que se establecen políticas de incentivos. Así, por ejemplo, los créditos tributarios por reinversión CTR para las universidades con fines de lucro, “se otorgan en mérito al cumplimiento del proceso de acreditación” (Ley Universitaria art.30) que el DS N° 006-2016-EF, precisa como  acreditación institucional integral (ver nota previa).

En el Perú solo las Universidades de Lima, del Pacífico, Cayetano, USIL, UPC, Peruana del Norte, ESAN, Continental, y la PUCP cuentan con acreditación institucional. Y PUCP está actualmente en proceso de reacreditación con IAC-CINDA.

Para fortalecer el sistema de aseguramiento de la calidad es necesario, entre otras cosas, consolidar la acreditación y para ello se requiere el nuevo proyecto de ley encargado a la comisión creada por el Minedu en enero. Otro tema es su financiamiento, el proyecto Procalidad no se ha renovado, y no sabemos si la tarea de fomento será asumida por el proyecto que negocia el ministerio con el BID para la educación superior por 500 millones de dólares, o si se destine presupuesto adicional para 2019.

 

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