Jueves 17 de mayo del 2018

Exoneraciones tributarias: garrote o zanahoria

Una nueva oportunidad del estado para apalancar la educación superior.

En momentos en que se discute si las exoneraciones tributarias a la educación peruana han de eliminarse para alimentar la caja fiscal (ver Proyecto de Ley de modificación constitucional), es preciso preguntarse si cumplieron alguna función pública y la respuesta es que si lo hicieron. En el caso de la educación superior, el número y la matrícula de las universidades privadas creció rápidamente, lo que compensa el menor crecimiento de las públicas, y, aunque su impacto en la equidad no ha sido significativo, se amplió el servicio de la educación superior universitaria. Sin embargo, más no es siempre mejor, al punto que se consideró necesario establecer mecanismos de gestión de la calidad y, mientras se ponían en práctica, una moratoria (ver notas previas 1, 2) para la creación de filiales y de universidades que rige desde el 2012 y culminará a principios de 2020. En este periodo, se activó el sistema de acreditación, se dio una nueva ley universitaria y se creó una superintendencia de universidades.

En teoría, eliminar todas las exoneraciones tributarias a instituciones educativas, públicas y privadas, de todos los niveles, significaría recaudar S/. 1,925 millones adicionales; de los que 848 corresponderían a la reinversión declarada ante Sunedu por las universidades privadas para efectos de exoneración del ejercicio 2015. Pero habría que estimar las consecuencias: también habría disminución de recursos en las universidades públicas por cuenta de las exoneraciones a IGV y aranceles, podría afectar las pensiones en las universidades privadas (si se retiran las exoneraciones a todas las privadas), y, quizás empujaría a las universidades con fines de lucro a orientar sus inversiones a sectores más rentables, mientras las asociativas verían principalmente afectadas sus expectativas de crecimiento. De otro lado, las instituciones educativas podrán argumentar que ellas representan solo el 12% de los 16 mil millones en exoneraciones y que la alternativa de transferir directamente recursos implica politizar las asignaciones.

Respecto al cambio constitucional, hay que señalar que no puede ser inmediato; requiere ser aprobado en dos legislaturas por dos tercios de la representación. Se podría argumentar también, como señala Marcial Rubio comentando la constitución de 1993, que las exoneraciones tributarias a las universidades tiene paralelos internacionales, que estaba prevista en la Constitución de 1979, aunque la de 1993 es más restrictiva, que algunos de los beneficios como los relacionados a las donaciones y becas otorgadas por terceros no se cumplen, y que nadie se opone a que las instituciones privadas con fines de lucro que distribuyen utilidades paguen impuestos, aunque “probablemente con un régimen distinto al de las demás empresas”. En suma, de acuerdo a la legislación vigente, en el corto plazo solo se puede endurecer la fiscalización del uso de las exoneraciones  y/o el régimen arancelario para todas las universidades y el pago de impuesto a la renta sobre las utilidades que declaran las 28 universidades con fines de lucro.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el DS 006-2016-EF puso una condición a la aplicación de las reglas constitucionales, en el que estableció que solo las universidades con acreditación institucional integral del Sineace, o internacional reconocida por Sineace, pueden solicitar crédito tributario por reinversión, pero esto recién se hizo posible desde julio de 2017 con la Resolución-N°279-2017-Sineace, que completa el marco de aplicación de este crédito tributario que rige para las universidades con fines de lucro.

Veamos ahora cómo se usan las exoneraciones. Hay que destacar que, pese a que las exoneraciones existen hace décadas, recién se han realizado supervisiones en 2014 y 2015 a cargo de Sunedu. Un primer hallazgo es que, en 2015, respecto del reporte de las universidades privadas, las públicas no han reportado aún, casi el 80% corresponde a infraestructura, y el 18% va a becas (que podrían confundirse con descuentos por pronto pago). La inversión en materiales de enseñanza, mejora de docencia, investigación, innovación, responsabilidad social, servicios estudiantiles es casi inexistente. Esta distribución podría afectarse si se formula una política pública que vincule las exoneraciones a proyectos de desarrollo y fortalecimiento de las instituciones.

Finalmente, ninguna de esas aproximaciones toma en cuenta que la demanda por educación superior seguirá creciendo por demografía y por extensión a lo largo de toda la vida, y que las exigencias de tener un sistema universitario de calidad se han convertido en una necesidad para garantizar el futuro del país. En sentido estricto. las exoneraciones pueden ser vistas también como inversión pública, o como un conjunto de incentivos que aliente la expansión de la oferta educativa con calidad, mejorando la enseñanza y promoviendo la investigación allí donde tenga mejores condiciones de florecer. No vemos así las cosas porque no hay una política que oriente los recursos económicos en esa dirección, considerando, además del régimen tributario, los fondos del canon, la inversión en beca 18, las donaciones, los fondos de investigación, y un mayor horizonte en el aumento del presupuesto a las universidades públicas.

 

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1 comentarios

Pedro Julián ormeño Carmona| 22 mayo, 2018,a las 10:39 pm

La Universidades privadas han hecho el negocio de su vida con la exoneración tributaria y se han llenado los bolsillos….nada de calidad, con algunas excepciones…