Jueves 10 de mayo del 2018

Educación superior ¿tan valiosa como un bien común?

Derecho a la vida, al trabajo, … ¿y la educación superior?

El alimento, el trabajo, una vivienda y un nivel de vida adecuado son algunos de los Derechos Humanos que vienen incluidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la ONU con metas para el 2030 “para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos”, dentro de los cuales se incluye también el acceso universal a educación de calidad. Ya antes, en la Declaración de los Derechos de Hombre y del Ciudadano de 1793 decía “Artículo 22. La instrucción es una necesidad para todos. La sociedad debe favorecer con todas sus fuerzas los progresos de la razón pública, y poner la instrucción al alcance de todos los ciudadanos.”

En este contexto, conviene preguntar ¿puede la educación superior ser considerada tan vital como los aspectos mencionados anteriormente? ¿puede tener el alcance de un bien de beneficio colectivo o bien común? Es evidente la defensa y promoción de la educación en general como un derecho o indicador de desarrollo y, para asegurar que tenga un acceso masivo, independientemente de la raza, sexo, edad, condición económica o social; sin embargo, no hay referencia explícita a la educación superior ni de quién deben hacerse cargo de su financiamiento, gestión y evaluación.

Pero es un hecho la tendencia a la universalización de la educación superior no solo a nivel de cada país, sino en el mundo en su conjunto (ver UNESCO 2012, p.74-75). En ese sentido, existen tasas cada vez más altas de ingreso a estudios superiores en todo el mundo, aunque con un claro sesgo en favor de las instituciones privadas y los países con mayores ingresos promedio (Ver nota previa).

Por otro lado, existe un consenso acerca de que este proceso debe ser una prioridad de los gobiernos y los organismos multilaterales, aunque la provisión gratuita de este bien por parte del Estado pueda exceder sus recursos. En ese contexto, se apela la interacción pública/privada, tanto en el financiamiento como en la oferta del servicio, como alternativas para brindar los servicios a la comunidad sin que esto signifique niveles muy altos de inversión gubernamental.

Simon Marginson declara en University World News que en el Reino Unido (UK) el financiamiento privado de la educación superior resulta muy alto mientras el financiamiento público es insuficiente. La razón es que UK usa un criterio de bien público económico vinculado, según la definición neoclásica, a lo no rentable (mientras en Europa se usa un criterio político, por lo que se financian los objetivos públicos). Sucede que, si el financiamiento privado es mayor, solo se atenderán los requerimientos que se asocien con altos retornos privados, de modo que el bien público, como investigación básica y de ciencias sociales y humanidades, extensión cultural, conservación del patrimonio intangible, por ejemplo, quedará desatendido. La pregunta clave para ver si el financiamiento público es suficiente es qué se deja de financiar con el arreglo actual.

 

No todo es color rosa (o verde)

La educación terciaria es un bien público en la medida en que, a pesar de que la inversión realizada por los estudiantes se corresponde con retornos económicos privados en el mercado laboral, estos retornos van más allá del beneficio privado y llegan a tener repercusiones a nivel de la colectividad local e incluso mundial. Esto es, como se señala en otra nota, que su formación permite la construcción de una colectividad solidaria y unida, con mejores índices de productividad económica, empleabilidad y mayor desarrollo a nivel cultural y social. Este cambio de paradigma, permitiría a las autoridades aclarar sus objetivos políticos y reafirmar el compromiso con la educación en todos sus niveles.

Por supuesto, tanto en UK, como en el Perú y en EE.UU., deben considerarse las demás señales menos auspiciosas asociadas a la relación entre incremento de los años de educación y empleabilidad  (Ver 1 y 2).  Entre estas, se puede mencionar el degree inflation y subempleo, la presencia de trabajos y empleadores informales, la diferencia de calidad educativa por institución de formación, o el diferente grado de empleabilidad por carrera, entre otros; factores que deben jugar también un rol para distinguir los efectos (positivos o negativos) que tiene la ampliación del acceso de la educación superior sobre el funcionamiento no sólo económico, sino también social, político, ecológico y cultural de cada país, a fin de que la educación superior reciba una mayor atención por parte de las autoridades políticas y se establezcan los mecanismos institucionales para que la provisión de este bien sea tan importante e indispensable como el de los otros elementos para alcanzar un nivel de vida.

 

Fuentes:

 

Antecedentes:

 

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