Jueves 31 de mayo del 2018

Aprender mientras trabajas: se impulsa con incertidumbre

Comisión del gobierno norteamericano presentó documento guía para ampliar e innovar en el ámbito de la formación en el trabajo. Durante el verano, en el Perú se debatió propuesta.

En Estados Unidos la administración Trump está tratando de dar más protagonismo a los programas técnicos de formación en el trabajo (Apprenticeship). DeVos habla de una infrautilización, y busca priorizarlos por encima de las carreras de pregrado tradicionales. La sustentación sería múltiple: existen 30 millones de empleos bien pagados que no requieren estudios de bachillerato, y según Georgetown, la demanda de trabajadores calificados de la industria no es cubierta, pues en muchos casos los graduados universitarios no cuentan con las habilidades requeridas. Además, muchos de los egresados de secundaria podrían estar interesados en opciones más cortas, baratas y con retornos más inmediatos. Esta problemática no es novedad, ni exclusiva de los EE.UU. En archivo podemos revisar algunas reseñas (1, 2 y 3).

Donald Trump, al iniciar su mandato el año pasado, firmó una orden ejecutiva (ver antecedente), que estipulaba la creación de una comisión de trabajo para identificar estrategias y recomendaciones con la finalidad de impulsar programas de Apprenticeship. El reporte de la comisión, Task Force on Apprenticeship Expansion, propone un nuevo modelo más flexible y articulado a la industria: el Industry-Recognized Apprenticeships.

Bajo un programa de apprenticeship, de 1 a 6 años de duración, los trabajadores-estudiantes deberían desarrollar habilidades para el ámbito laboral a través de aprendizajes hands on en la práctica laboral, además de clases “presenciales” y el acompañamiento permanente de tutores. Como remuneración, recibirían un salario competitivo y al terminar el programa, un certificado emitido y avalado por una organización del sector de la industria. Los estudios serían financiados por las mismas empresas, las que a pesar de los costos, al final deberían comprobar que estos programas pueden ser una inversión rentable. Estudios internacionales señalan que las empresas reciben $1.47 por cada dólar que invierten, y tales beneficios son recibidos al momento de pagar impuestos. Según indica el estudio, las empresas obtendrán mayor productividad, mejor tasa de retención de empleados, y mejores índices de innovación, gracias a tener trabajadores experimentados que conocen bien el nicho de negocio y están mejor preparados para el futuro.

La propuesta enfatiza en la necesidad de erradicar el estigma según el cual la formación en el trabajo no beneficia ni al estudiante ni a la empresa. Más bien, se le quiere posicionar como la oportunidad de iniciar temprano la historia laboral del postulante, optimizar costos y producción en la empresa, y, sobre todo, como alternativa a la amenaza de acabar con una deuda impagable en el esfuerzo para terminar sus estudios.

No faltan los críticos, precisamente debido al tono confrontacional del documento frente a la actual oferta formativa de community colleges y colleges (ver 1 y 2). No se reconocen demasiadas novedades en los argumentos, y más bien siguen en el aire las mismas dudas que se plantearon el año pasado cuando el presidente Trump anunció la expansión de estos programas. ¿Facilitar a los empleadores el uso de estos programas asegurará su interés? Los detalles sobre las organizaciones a cargo de implementar los programas, así como las acreditaciones de calidad, son escasos. Las mayores dudas se refieren al financiamiento; pensar en que son los estudiantes la fuente de este financiamiento iría en contra del principio de “ganar y aprender” y convencer a las empresas está en duda.

 

Prácticas: Formación necesaria con varias cuestiones que resolver

La propuesta podría ser vinculada a la iniciativa legal sobre el empleo juvenil, enfocado a la formación técnica, propuesta por la congresista Rosa Bartra y aprobada en la Comisión Permanente del Congreso en febrero de este año, que plantea una “modalidad de experiencia formativa en situaciones reales de trabajo” hasta por tres años, sin recibir remuneración. Quizás la mayor debilidad del proyecto, sin embargo, era la falta de precisión sobre la responsabilidad formativa del empleador.

La fuerte resistencia hacia el proyecto, que se llegó a tildar de “Ley del esclavo juvenil”, llevó a que la congresista Bartra retire temporalmente el proyecto de ley de su trayectoria normal, señalando que esperaba que se debatieran alternativas en el mismo Congreso.

En el diario El Comercio, Franco Giuffra y Gonzalo Carranza expusieron dos posiciones frente al proyecto de ley. El primero lo defendió, resaltando que es una modalidad formativa laboral opcional (como las otras que existen), y que, si bien no considera remuneración, es una oportunidad laboral con aprendizaje, es decir, suficiente compensación. Además, agregó que los estudiantes egresan de los institutos sin tener la preparación que demanda el mercado laboral.

Carranza más bien se enfocó en lo que considera el problema de fondo, que son las condiciones de trabajo del segmento juvenil. Precariedad y subempleo son las características que enfatiza. También resaltó la necesidad de un programa curricular elaborado en colaboración entre los institutos y las empresas, con la meta de un sistema de formación técnica dual, a la alemana, con un mecanismo de vigilancia que evite abusos por parte de los empleadores.

 

Fuentes:

 

Documentos:

 

Antecedentes:

 

Deja un comentario