Noticia  |  Jueves, 20 de Abril del 2017

Siguen los problemas en implementación de la gratuidad

Protestas y rechazo al proyecto de ley en la Cámara de Diputados.

La propuesta más ambiciosa en la región respecto a la gratuidad de la enseñanza superior es la de Chile (ver antecedentes 1, 2 y 3). Su oferta política de otorgar un pregrado gratis ha sido muy analizada, discutida, defendida y también rechazada.

El pasado 11 de abril, se registró la primera marcha estudiantil del año, que agrupó a más de 100 mil personas en Santiago y a 300 mil en el resto del país y que fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) y la Coordinadora Nacional de Estudiantes (Cones), y en la que se contó también con la participación de otros movimientos sociales.

Los estudiantes se manifestaron contra el proyecto de ley de la reforma que debía votarse ese día, por no incluir sus propuestas, presentadas dos meses atrás al Mineduc y al Parlamento, ni la gratuidad para todos ni la expansión de la educación pública al 50% de la matrícula. El vocero de Confech, Daniel Andrade, destacó entre las propuestas: “el fortalecimiento de la educación pública, una ampliación de matrícula estatal, un marco regulatorio que contemple un fin al lucro efectivo, fin al endeudamiento y al Crédito con Aval del Estado”, aspectos que el proyecto rechazado no soluciona.

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados rechazó legislar el proyecto. Para el diputado Giorgio Jackson, este rechazo abre la posibilidad de “aprobar un proyecto mejor”. Por su parte, la diputada (y ex dirigente estudiantil) Camila Vallejo señaló que el Gobierno no cumplió con eliminar el Crédito con Aval del Estado (CAE). Para el vocero Andrade, esta es también una oportunidad para que el Gobierno se abra al diálogo con el movimiento estudiantil y la reforma haga frente a la crisis de educación.

Por su parte, la presidenta, Michelle Bachelet, pidió a los parlamentarios que se tramite el proyecto y no se pierda lo avanzado. Asegura que el hecho de que 230 mil familias vean a sus hijos estudiar gratis y sin deudas es un avance que hace cinco años ni se pensaba. Sin embargo, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, calificó este hecho como “un revés para el Gobierno”.

Cabe preguntarse, entonces, más allá de los planteamientos no incluidos en el proyecto, ¿cuáles son sus problemas y debilidades? En una columna de opinión, dos académicos de la Universidad de Valparaíso sostienen que la reforma estructural parece poco probable debido a dos motivos: primero, porque hay dificultad en llegar a un consenso sobre normas que requiere la educación superior. Y segundo, porque las instancias de gobierno no cuentan con la capacidad técnica para elaborar una “iniciativa legal maciza”: no hay coherencia entre lo que se quisiera obtener y lo que las normas propuestas ofrecen.

Los mismos autores señalan, en otra columna de opinión, que es preciso implementar cambios que no pasen “por el Congreso en su etapa experimental”. En el caso chileno, que ha tenido varios antecedentes de reforma en educación superior, la estrategia de 1997 fue exitosa debido a que se dejó de lado la idea de que “los cambios en las políticas de educación se hacen por ley”. Esto evitó que la viabilidad de la propuesta dependiera de los parlamentarios antes de que se discuta y ponga a prueba dentro del mismo sector. En este caso, se apostó por implementar cambios a través de proyectos piloto con el apoyo financiero del Mecesup (Programa de Mejoramiento de la Calidad y la Equidad de la Educación Superior). De ahí que Chile, a fines de los 90, fuera conocido como un “laboratorio para el diseño de nuevos instrumentos y estrategias para una rápida masificación de la educación superior”

Para articular propuestas, los autores plantean tres opciones. Primero, conocer el compromiso estudiantil a través de encuestas. Con ellas se puede determinar si las instituciones ofrecen las condiciones para el aprendizaje significativo. Segundo, conocer y comprender la organización de las universidades estatales y su vínculo con el aparato público. El Estado no debería tener una relación distante y desarticulada con sus universidades; no son un proveedor más en el mercado de educación superior. Por último, se necesita un marco para la evaluación de la excelencia en investigación, que permita conocer la labor universitaria en la producción de conocimiento científico y tecnológico, además de mejorar la gestión de recursos que el Gobierno destina. De ahí la importancia de comprender el sistema universitario, ponerlo a prueba y luego legislar.

A pesar de todo, el pasado 17 de este mes, se aprobó el proyecto en una segunda votación. Seguramente vendrán ajustes que se deberán incorporar; mientras tanto, los distintos actores de la educación siguen en un clima de tensión.

Fuentes:

Antecedentes:

estudiantes | gratuidad | política | reforma | regulación

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