Noticia  |  Miércoles, 12 de Abril del 2017

Resistencia docente en Argentina

Y ajustes en la política de educación superior latinoamericana.

En 2015, el Senado de la Nación Argentina aprobó la modificación de la Ley de Educación Superior en cuanto a gratuidad. Desde entones, se garantiza que el Estado sea el principal responsable de financiar la educación superior y los estudios de grado en universidades públicas.

Durante este último mes, una serie de huelgas viene marcando la actividad económica y también estuvo –y sigue– presente en el entorno de educación superior. Una de las huelgas comenzó el 28 de marzo, cuando los docentes universitarios agrupados en Conadu Histórica (Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios) y otros gremios pararon por 72 horas, dado que no obtuvieron respuesta por parte del Estado sobre su principal reclamo: el incremento salarial de 35% que contemple las inflaciones de 2016 y 2017, es decir, “25% por la proyección de inflación de este año y 10% por la pérdida salarial del año anterior”. A este reclamo, la última oferta del Ministerio de Educación fue la suma del 20% mediante cuotas. Ayer, martes, un paro de 24 horas también se hizo sentir en apoyo a la represión que el Estado tuvo contra los docentes, también en una de las huelgas.

Las huelgas o paros han tenido la característica de ser activas. En plazas, calles y algunas instalaciones universitarias se organizaron clases públicas de Ciencias Sociales, Filosofía y Letras, Medicina, entre otros, en Buenos Aires y varias ciudades de Argentina. Asimismo, Feduba, Conadu, Conadu Histórica y otros gremios docentes también se han sumado a la primera huelga general contra las medidas del gobierno de Macri, que ha paralizado las actividades en Buenos Aires.

Otro de los reclamos señalado por los docentes, además del recorte presupuestal en este sector, es la cantidad de profesores que vienen trabajando ad honorem, que es una categoría creada para dar clases extraordinarias, pero que desde hace años ha sido excusa para evadir el pago de salarios de maestros con plaza permanente.

Por su parte, en Colombia una denuncia sobre el programa Ser Pilo Paga (ver antecedente) ha sonado recientemente. Tres universidades, La Sabana, Autónoma de Occidente y Autónoma de Bucaramanga, siguieron recibiendo los beneficios de dicho programa a pesar de no haber obtenido de la reacreditación institucional. Ante este hecho, resaltó el vacío de regulación de este programa del Gobierno y luego de reunirse con rectores universitarios, el presidente Santos declaró que se ha acordado en que el programa se convierta en una política de Estado para darle continuidad a través de un buen marco regulatorio.

En Chile, por último, se sigue enfrentando las dificultades en la reforma a la educación superior (ver antecedente). Si bien existe una alta posibilidad de que el próximo año la gratuidad de la educación superior alcance a alumnos que provengan de familias del 60% más vulnerable, sigue siendo preocupante la manera en que se financiará las actividades académicas, punto paradójico si lo que se quiere es tener una educación de calidad.

Otro punto en esta reforma es que se avanza, lentamente a pesar del intento de destrabe, en acuerdos con instituciones públicas, pero no se habla de una política diseñada para beneficiar y potenciar la calidad de proyectos educativos.

Por otro lado, los recursos otorgados a las instituciones adscritas no han sido suficientes y han generado déficits en ellas; así, se ve difícil cumplir con unos de los objetivos propuestos en la reforma, que se enfoca en fomentar la investigación e involucrarse con la comunidad, ambos bajo el sistema de gratuidad. Las instituciones que se adscriben a la gratuidad pero que no reciben recursos ven imposible financiar estas actividades: los rectores de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado, por ejemplo, han comentado que evaluarán su permanencia en el programa.

Fuentes:

Antecedentes:

acceso | calidad | docentes | financiamiento | política

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