Noticia  |  Jueves, 7 de Septiembre del 2017

El presupuesto de la educación superior se juega en el área (más) chica

Sobre esta cancha tenemos que jugar.

El 30 de agosto, el Ejecutivo presentó ante el Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2018. Aunque la participación del sector Educación cae de 18.4% a 17.5%, el monto asignado en soles corrientes ha aumentado en 4.8% con respecto a 2017; es decir, ha pasado de S/ 26.178 millones a S/ 27,430 millones.

En un escenario distinto, este aumento significaría más dinero para este sector; no obstante, en el contexto actual, en el cual se ha prometido un aumento de sueldo a los docentes de educación básica, nos preguntamos si es que el monto estipulado en el proyecto de ley será suficiente.

Por un lado, el presupuesto en educación crece en 1,251 millones de soles; por otro lado, el aumento salarial prometido a los docentes demandará 1,360 millones de soles. Una simple sustracción demuestra que, en realidad, la función educación recibiría el próximo año S/ 108 millones menos de lo que recibió este año.

Esta disminución presupuestal significa que algunos de los pliegos o rubros sufrirán un recorte, y es preocupante si se considera las demandas adicionales que tendrá la educación superior para el año fiscal 2018.

El financiamiento de la educación superior, incluyendo SUNEDU y las 51 universidades públicas, significó el 17% del presupuesto del sector educación en 2016. Ese año fiscal, SUNEDU ejecutó el 94.6% de su PIM (presupuesto inicial modificado); de igual manera, las universidades que contaron con más dinero, como la UNSNM o la UNI, finalizaron el año con un avance de 85.3% y 81.2% de su presupuesto respectivamente. Sin embargo, el porcentaje de presupuesto ejecutado se redujo al contabilizar el gasto de todas las universidades: al final del 2016, solo se llegó a comprometer el 75% del PIM.

La baja capacidad de gasto de la mayor parte de las universidades indica ineficiencia en la planificación, en los procedimientos y en la ejecución presupuestal. No solo se requiere un alineamiento del presupuesto con los objetivos de la universidad incluyendo el licenciamiento, sino también más apoyo, fiscalización y supervisión, de parte del MINEDU y las otras entidades encargadas. Cabe recordar que, este año, el MINEDU contó con 220 millones de soles para la implementación de la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior.

Conviene tener presente, por otro lado, que los docentes universitarios están demandando homologar los sueldos de los catedráticos con los magistrados del Poder Judicial. La FENDUP, Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú, convocó para el 5, 6 y 7 de setiembre una huelga de 72 horas que fue suspendida, debido a que la ministra Martens accedió a instalar una mesa de trabajo que revise sus reclamos. Dentro de los pedidos, está un aumento de sueldos, el cual, de proceder, significaría un gasto no proyectado de acuerdo con la propuesta de presupuesto 2018 presentada por el MEF. Flavio Figallo, ex viceministro de Educación, señala que serían necesarios unos 600 millones de soles para equiparar los sueldos de los profesores de universidades públicas con los que pagan las universidades privadas de calidad, así como una ley de carrera docente que asegure una contraprestación de la calidad adecuada.

Por otro lado, la mayoría de las universidades públicas no cumple con los requisitos básicos para acceder al licenciamiento institucional. A la fecha, solo dos universidades públicas lo han logrado: la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y la Universidad Nacional Autónoma de Huanta. El principal obstáculo, señala el presidente de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú, Jorge Alva (Rector de la UNI), está vinculado con los costos que representa el cumplimiento de los indicadores básicos de calidad. Por otro lado, la Ley Universitaria dispone la elaboración y financiamiento de un Programa de Fortalecimiento Institucional para las 12 universidades emblemáticas. El informe de la UNALM estima la demanda de inversión adicional en S/ 1,085,404,176 para la implementación de un programa en el curso de 7 años (2015 – 2021) de alrededor de 115 millones anuales, de los cuales el 67% se destinarían a las mejoras en infraestructura y equipamiento para esta universidad.

Finalmente, con la promulgación del Reglamento de la Ley de Institutos y Escuelas Superiores, debe iniciarse una etapa de reconversión de la formación pedagógica y técnica que requerirá de inversiones adicionales no claramente identificadas. Recordemos que el presidente se ha comprometido con un programa de creación de Escuelas Superiores Tecnológicas y Pedagógicas para cada región durante su gestión. Al respecto, lo que se conoce es que se estaría negociando con el BID un préstamo que permitiría su implementación.

Luego de este análisis, sigue flotando la pregunta de si se aumentará o no el presupuesto de educación superior para el próximo año, si se asignarán o no recursos del canon y cuál será el plan de inversiones hasta el 2021. Estaremos atentos a que estas preguntas sean despejadas.

Fuentes:

Documento:

Antecedentes:

financiamiento | Ley Universitaria | política | propuestas

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