Noticia  |  Jueves, 7 de Septiembre del 2017

¿Qué pone en riesgo la autonomía universitaria?

Una polémica en Chile permite explorar circunstancias que ponen a prueba la autonomía en la educación superior.

En el caso de la reforma de la educación superior chilena, los intentos por implementar una educación superior gratuita se han llevado el protagonismo ante los medios y la opinión pública. La propuesta en un inicio fue la gratuidad universal, pero limitaciones de financiamiento y un modelo que pese a los esfuerzos de la reforma tributaria no resultaba realista ni sostenible para la economía del país llevaron a reformular promesas e implementar finalmente un modelo de gratuidad gradual que ha generado protestas (ver nota previa).

Pero el programa contenía otras propuestas. Una de las promesas de Bachelet fue la creación de nuevas universidades estatales, con la finalidad de expandir el acceso y oportunidades para los de menos ingresos (la última había sido creada en el 1993). La Presidente cumplió su promesa y el 2015 se aprobaron las leyes que crearon dos nuevas instituciones estatales. Un año después, la Rectora de una de las nuevas instituciones, la Universidad de Aysén,  –la Dra. Pey Tumanoff, primera mujer en ocupar el rectorado de una universidad pública, desató una polémica sobre la autonomía universitaria y la política de educación superior-, con ocasión de la reconsideración de los alcances de la política gratuidad.

Pey Tumanoff sostuvo que la reforma prometida había sido traicionada y que el poder ejecutivo lideraba una política de abandono de la gratuidad universal. Sosteniendo entre otros argumentos que se mantenía el Crédito con Aval del Estado (CAE) para el financiamiento de los estudios, lo que estaba llevando a deudas insostenibles para los estudiantes y beneficios para el sector privado, denunciaba una clara tendencia mercantilista del gobierno en la educación superior. La Rectora fue destituida por el Mineduc, sin embargo se resistió y generó una polémica aduciendo una defensa de la autonomía universitaria.

Los argumentos de la rectora se pueden consultar en el largo artículo, “Autonomía Universitaria y Democracia“, que le publica la revista Anales de la Universidad de Chile. La revisión de siete categorías que agregan las fuentes que ponen en tensión a las universidades, afectando su autonomía, ofrece un fresco que recorre los temas del new public managent, el financiamiento de la investigación a través de recursos concursables, el financiamiento a la demanda, los instrumentos de planificación, la carrera académica meritocrática, al autocensura por conflictos de interés o lo políticamente correcto y las tensiones del entorno internacional como las reforma europea o la turca.

Luego del Affaire Tumannof la Ministra de Educación, Adriana Delpiano, introdujo nuevas modificaciones a la reforma, entre ellas, que el Consejo Superior Universitario, con una mayoría de integrantes de la propia universidad, tendrá ahora carácter resolutivo en diversas materias y no solamente consultivo como estaba estipulado originalmente en el proyecto.

Estas nuevas consideraciones deben ser sometidas a la actual legislatura para que se definan, antes del fin del mandato de Bachelet en noviembre de este año, junto con las características institucionales de las llamadas “Universidades del Estado”. Los temas en disputa son el nivel de injerencia de las autoridades gubernamentales en cada universidad pública; en el consejo universitario que tendría dos representantes puestos por el estado; en el  estatuto universitario elaborado por este consejo universitario que sería tramitado por el Consejo Superior Universitario para su aprobación por el Presidente de la República; y en el monto de financiamiento público. La propuesta ha sido inicialmente aprobada para el debate a pesar de haber sido fuertemente criticada, sobre todo por representantes de las mismas universidades estatales y  sus estudiantes.

El escenario parlamentario parece claro. La UDI (oposición) ha manifestado que es necesario asegurar “que hay una corresponsabilidad con respecto al Estado de cómo van a avanzar esas universidades en calidad, que asegure que van a haber responsables, en la medida de que no se cumplan esos estándares de calidad”. Este grupo junto con la coalición de gobierno tienen mayoría en la cámara de diputados, por lo que resulta predecible la aprobación de la iniciativa presentada por el ejecutivo.

El diputado de Revolución Democrática y los representantes de las universidades estatales se han mostrado insatisfechos con las propuestas exigiendo autonomía absoluta.

No está de más constatar que el debate sobre la autonomía universitaria en el Perú con ocasión de la creación de la Superintendencia de universidades – Sunedu, y frente a las responsabilidades que se le otorgaron para licenciar y supervisar la aplicación de la ley universitaria, tiene un perfil menor frente a la propuesta de que el gobierno tenga representantes en el consejo universitario, y los estatutos sean aprobados fuera de la universidad. Quizás habría que señalar también que Perú no cuenta con una instancia equivalente al Consejo Superior Universitario.

Fuentes:

Documento:

Antecedentes:

acceso | autonomía | costos | debate | democracia | financiamiento | gestión | política

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