Noticia  |  Lunes, 5 de Febrero del 2018

Moratoria o no moratoria. Deshojando margaritas

La no ampliación de la­ moratoria permitiría que sea la Ley la que regule las condiciones básicas de calidad, pero dificultaría la labor de la SUNEDU.

El debate sobre la creación de nuevas universidades viene monopolizando la agenda de la educación superior. El 28 de diciembre de 2017 venció el plazo de vigencia de la Ley que declaró la moratoria por 5 años. La propuesta de ampliarla por dos años fue rechazada en enero debido a un desacuerdo sobre si exceptuar la creación de universidades para pueblos originarios. Al filo del receso parlamentario, el tema quedó para ser resuelto por la Comisión Permanente, y el Presidente del Congreso anunció que se verá a mediados de febrero.

Vale la pena recordar que, aunque desde el 2001 se propusieron diversas medidas para limitar la creación de filiales, y luego de universidades (ver línea de tiempo), en los últimos tres lustros su número creció significativamente. Según SUNEDU, en el 2000, había 72 universidades (32 públicas y 41 privadas), y, en 2012, el total era de 140 (89 privadas y 51 públicas); es decir, el número prácticamente se duplicó, sin que la expansión asegurara estándares mínimos de calidad.

En este ínterin y luego de que en 2010, con ocasión del rechazo de una demanda contra la suspensión de la autorización de filiales del 2005, el Tribunal Constitucional estableciera la necesidad de hacer cumplir la rectoría del Estado en la educación universitaria, se promulga en 2012 la Ley N°29971 que fija una moratoria para la creación de universidades y filiales por 5 años con la finalidad de: “… permitir que se replantee la política de la educación superior universitaria y se exprese en una nueva legislación […], en el marco de un sistema de educación superior que establezca requisitos de creación y funcionamiento de universidades debidamente acreditadas y certificadas que garanticen calidad, investigación y vinculación con las necesidades de desarrollo del país.” No será, sin embargo, hasta 2014 que se dio una nueva Ley Universitaria y se creó la SUNEDU.

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A finales del 2017 y previa la culminación de la Ley de Moratoria, se plantearon diversas posiciones sobre este asunto (ver nota previa). La primera, a favor de prolongar su vigencia por 2 años, periodo en el que la demanda de educación universitaria solo podría ser cubierta por las universidades licenciadas en sus actuales instalaciones (este sería el proyecto de ley que debe ver la Comisión Permanente). La segunda añade permitir la creación de filiales a las licenciadas para atender la demanda creciente (hay que recordar que SUNEDU obligó el cierre de 79 filiales no autorizadas de varias universidades a mediados de 2017 y algunas universidades vienen cerrando filiales motu propio dentro del proceso de licenciamiento). La tercera propuesta sería cualquiera de las anteriores, pero permitiendo crear universidades que “brinden servicios educativos a pueblos indígenas y originarios”. Finalmente, hay una cuarta postura en la que se sostiene que debe levantarse toda moratoria sea en nombre de la libertad de mercado, o porque se requieren nuevas universidades, bajo el supuesto que cumplan los criterios de calidad, para mejorar la calidad global del sistema y evitar que sea en las universidades con dificultades para licenciarse, públicas o privadas, donde se amplíen las vacantes para atender a la demanda que sigue creciendo.

A favor de la moratoria, se han pronunciado la SUNEDU, la ASUP y un colectivo de casi 6 mil ciudadanos. La ASUP añade, sin embargo, la solicitud de cambiar a la superintendente para que lo que resta del licenciamiento sea más favorable a sus intereses. La Academia Nacional de Ciencias argumenta en favor de una moratoria más amplia de 4 años con apoyo a las universidades públicas. El Consejo Nacional de Educación (CNE) apoya la segunda postura de moratoria con posibilidad de crear filiales para las universidades acreditadas y añade que esto dará además oportunidad para incorporar mejoras a la actual Ley Universitaria.

Al respecto, la superintendente de SUNEDU anunció que a los 10 proyectos de ley para crear nuevas universidades públicas, se suman 5 solicitudes para nuevas universidades privadas ingresadas a SUNEDU. Asimismo, ella ha pedido al Congreso prolongar la moratoria por dos años más porque el proceso de licenciamiento no ha culminado, en la etapa siguiente se debe atender el cierre de universidades que no cumplan con las CBC, y, asimismo, se debe contar con las normas legales que aseguren que las universidades creadas, tanto públicas como privadas, sean sostenibles y tengan la calidad que corresponde. A esto, agrega que, concluido el licenciamiento, “los resultados finales nos indicarán si es necesario crear nuevas [universidades], dónde hacerlo y si existen los recursos necesarios”. Vistas las denuncias sobre los problemas de financiamiento de las universidades públicas, sin embargo, no queda claro por qué deberían detenerse inversiones privadas supuesto que cumplieran con las CBC.

Finalmente, más allá de lo que se decida sobre la moratoria estamos frente a una nueva etapa en el proceso de implementación de la Ley Universitaria y por ello es clave definir quien conducirá la SUNEDU en esta nueva etapa. La actual superintendente ha manifestado su interés por continuar para al menos culminar la tarea del licenciamiento, y eso está en manos del presidente Kuczynski y el ministro Vexler que son quienes decidirán la continuidad de la reforma y la de SUNEDU.

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calidad | Ley Universitaria | licenciamiento | política | reforma | vida universitaria

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