Noticia  |  Jueves, 31 de Agosto del 2017

La necesidad de una política de educación superior

Ley Universitaria: el licenciamiento continuará el 2017 y el 2018.

La situación en las universidades es peor de lo que se esperaba, según la Sunedu y asegurar el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad tomará más tiempo del previsto.  “Existen más de 200 informes de evaluación y 14 universidades licenciadas. Es más, alrededor de 60 universidades tendrían que ir a lo que llamamos Plan de Adecuación” declaró la superintendente, Lorena Masías. Para finales de 2017, habría 25 universidades licenciadas, restando 57 cuyo futuro depende de la inversión pública, o del interés de los inversionistas privados, para continuar en el negocio con las nuevas reglas. Dadas las restricciones económicas actuales, solo un movimiento audaz permitirá al Minedu financiar la reforma; haciendo un uso distinto del canon, por ejemplo.

Se publicó reglamento de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes

Publicado el 25 de agosto, señala que los institutos públicos y privados deberán licenciarse. El licenciamiento será otorgado por cinco años y deberá ser renovado. El Minedu establecerá un cronograma de licenciamiento. Hasta que no se no se apruebe los lineamientos académicos generales (octava disposición complementaria transitoria), se mantienen los mecanismos de control en base a competencias mínimas del catálogo de títulos del Ministerio (artículo 11.2) considerados parte del mecanismo de sobre regulación que inhibió el despliegue de la formación técnica. Por otro lado, no se habla de cultura general y competencias genéricas (para los bachilleratos técnicos) ni de estudios generales (para los bachilleratos equivalentes a los universitarios) dentro de los componentes curriculares (artículo 14). El reglamento no parece asomarse a la nueva complejidad de la oferta técnica.

Las universidades públicas son una olla de presión

Las demandas de los profesores de más 70 años, las exigencias de homologación de la remuneración docente con el poder judicial y las crecientes exigencias de aumento de los administrativos mantienen a la universidad pública en una calma frágil. Elevar la edad de jubilación, como propone Sheput, o aumentar el presupuesto de remuneraciones no resuelven el problema de fondo: el de la calidad. Se necesitan mejores docentes y un mejor cuerpo administrativo; todo aumento debe ayudar a construir esa nueva realidad.

Respecto al límite de edad, existe una especial preocupación en las universidades San Agustín de Arequipa (UNSA) y  San Antonio Abad del Cusco (UNSAAAC), pues no habría docentes para sustituir a los jubilados.  El Sindicato Único de Docentes de la UNSA estima que 480 de sus colegas (40% de 1200) serán cesados en los próximos 5 años por este requisito (ver nota previa).

Por otro lado, los Docentes de la Universidad Agraria La Molina, han publicado un comunicado donde, además de la homologación de sueldos, rechazan la intervención del Minedu en el nombramiento de profesores investigadores, entre otras demandas. Mientras tanto, lambayecanos y arequipeños se sumaron a un paro de 48 horas acordado por la Federación Nacional de Trabajadores de Universidades del Perú; en el caso de Arequipa, fueron los administrativos de la UNSA y, en Lambayeque, los trabajadores de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG).

Las inversiones en infraestructura vienen avanzando, gracias al canon, aunque a veces con poco control. La Universidad Nacional Jorge Basadre de Tacna invertirá ochenta millones de soles de canon en 25 obras. Sin embargo, la Contraloría General de la República procesaría a doce exautoridades y funcionarios por irregularidades graves en la gestión 2013-2015, las cuales habrían generado una pérdida mayor a S/883 mil soles.

A su vez, la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, ex sede de UNSAAC, ha admitido que existen fallas en la infraestructura recientemente acondicionada. La Comisión dijo que luego de realizar una investigación serán subsanadas. De manera similar, en la UNPRG y a pedido del actual rector, la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque  investiga fallas estructurales encontradas en dos edificios construidos en la gestión anterior.

Por su parte, la UNSCH de Ayacucho ha optado por otra estrategia para demandar recursos: solicitar una reparación social institucional que compense los daños sufridos durante la violencia terrorista y financie los beneficios que brindan a las víctimas de la violencia social y política, y a sus familiares, en cumplimiento de los programas de reparaciones en educación.

Más noticias sobre universidades

Como efecto de la fiscalización de Sunedu, en Chimbote, la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región Áncash interpuso una denuncia ante Indecopi contra la Universidad Nacional del Santa (UNS) por ofrecer cinco maestrías sin autorización.

El IIAP con INICTEL-UNI lideran el proyecto de potenciar, con el uso de una supercomputadora, los estudios científicos asociados al monitoreo del bosque (deforestación y uso de territorio), modelamiento y simulaciones de eventos climáticos, bioinformática, química computacional, entre otros. Participan también IGP, UNSA, SENAMHI, UNMSM, y la Católica San Pablo de Arequipa.

Fuentes:

Antecedentes:

calidad | difusión científica | docentes | formación | investigación | política | vida universitaria

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