Noticia  |  Miércoles, 12 de abril del 2017

Congreso debe decidir si se amplía límite de edad para catedráticos

Haga su juego. ¿Quién da más? ¿70? ¡Escuché 75… 80 años! Faites vos jeux, rien ne va plus.

Los problemas de no contar con un sistema de carrera docente

La semana del 3 de abril, se postergó el debate en la Comisión de Educación del Congreso sobre la modificación del límite de edad para los docentes de universidades públicas. El predictamen que se espera se discuta en los próximos días reúne nueve proyectos para modificar el artículo 84 de la Ley Universitaria. El 7 de abril, Fuerza Popular presentó una propuesta adicional en la que señala como edad de jubilación los 80 años; esta comprometía a los docentes a pasar un examen médico y de salud mental en un hospital de EsSalud, a partir de los 75 años.

Una investigación periodística realizada por El Comercio nos permite constatar que hay pocas ideas en el debate. Los congresistas discuten sobre el derecho al trabajo de las personas mayores, sobre el embalse de vacantes que impiden ascender a personas más jóvenes y sobre las dificultades presupuestales de reincorporar a los docentes mayores ya cesados. No se discute el problema práctico de la ausencia de una carrera docente atractiva, no se conecta la resistencia a la jubilación con las muy magras pensiones ni se discute si el número de plazas en la universidad pública permite atender los requerimientos de la demanda nacional. Las propuestas no agregan necesariamente beneficios a los profesores mayores ni generan mejores condiciones para el ascenso de profesores más jóvenes (ver infografía elaborada por El Comercio).

Fortalecer la calidad de las universidades públicas requiere un régimen docente con altos estándares de exigencia y rendición de cuentas, un sistema salarial que responde a los méritos académicos y condiciones de trabajo adecuadas. En el Perú, la mayoría de los mejores profesionales y académicos se han alejado de la universidad pública, porque no ofrece condiciones que compitan con las mejores privadas locales. Y esta realidad no la modificará la edad de jubilación.

Pero si queremos enfrentar este reto, debemos discutir la homologación con el Poder Judicial (PJ). Si bien las remuneraciones y la jubilación de los docentes universitarios están desfasadas, incluso al interior del mismo sistema educativo la solución no es imitar al PJ. Mientras los jueces supremos son el 2% de todos los jueces, los profesores principales son el 30%. Universidades y PJ son organizaciones completamente distintas. Sería más razonable tomar como referencia la estructura remunerativa y el régimen docente de las universidades privadas locales de mayor prestigio.

La discusión debería versar sobre cómo lograr la implementación de un régimen docente meritocrático. En este campo, nuestra tradición universitaria y jurídica se inclina por las propuestas normativas, que implicarían una ley de docencia universitaria (ver propuestas a y b) y fijar una edad de jubilación como lo han hecho los países europeos y latinoamericanos en general. Pero conviene recordar que existe también la tradición anglosajona que internaliza procesos de evaluación por resultados y sistemas de rendición de cuentas, que les permiten a las universidades compararse entre sí, poniendo barreras y accediendo a incentivos para contar con la mejor plana docente de acuerdo con sus objetivos institucionales. En este punto habría que recoger lo mejor de ambas tradiciones. Mantener las condiciones de la ley actual permitiría ordenar el flujo, pero eso no basta para enfrentar el tema de la calidad.

Los fraudes en la educación superior comienzan con las pruebas de admisión y continúan al interior.

La semana que pasó se informó la detención de una banda dedicada a suplantar a postulantes a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Federico Villareal. Los delincuentes tenían un método para copiar las huellas digitales de los postulantes para que suplantadores dieran el examen. Este no es el primer caso, pues existen antecedentes en la misma Villarreal (1) y en San Cristóbal de Huamanga (2).

El número de estudiantes con más repeticiones que lo establecido por la ley universitaria ha sido puesto en las noticias por el rector de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, en cuya universidad los alumnos que llevan entre 4 y 9 repeticiones de un mismo curso han pasado de 623 a 743 en un año; el mayor número se encuentra en Ciencias Matemáticas. Para el rector Cachay, detrás de ello se esconden los alumnos que en lugar de estudiar hacen política. Pero no queda claro por qué no es posible aplicar la ley, de qué manera la eluden los estudiantes o cuál es la razón de tanta repetición.

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Fuentes:

Documentos:

acceso | estudiantes | gratuidad | Ley Universitaria | mercado laboral | política | reforma | regulación

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