Noticia  |  Jueves, 24 de Agosto del 2017

Chile realinea su propuesta para la educación superior

Se presenta hoja de ruta que busca elevar la calidad educativa del país vecino.

La fundación 2020 de Chile es una institución que ha tenido una fuerte incidencia en las políticas educativas de ese país y acaba de presentar a inicios de mes el Plan Nacional de Educación: 30 prioridades para el 2030. Se trata de una propuesta para cambiar todo el sistema educativo chileno con el objetivo de “alcanzar un verdadero desarrollo humano, mayores grados de equidad y cohesión social”, y tener un sistema educativo que asegure la calidad integral de los aprendizajes. Aun cuando el documento contiene interesantes ideas respecto de la educación inicial, primaria y media, se pondrá especial atención a la propuesta de educación superior en esta nota.

Una primera idea interesante es que se piensa de manera conjunta la educación básica y superior; señalan que lo planteado para la educación media técnico-profesional debe de entenderse en el marco de un proceso de cambio más profundo, el cual atañe a todo el modelo de enseñanza secundaria. No solo por la eventual reorganización de la educación escolar en 6 años de enseñanza básica y 6 años de media, sino, también, por la necesidad de asegurar que cada estudiante de secundaria egrese con un estándar formativo similar independientemente de la trayectoria que escoja.

Promover la formación profesional técnica no implica promover una elección temprana en la media superior; la orientación vocacional debe ser para todos –señala el documento- y deben promoverse programas de aprendizaje en el trabajo tanto en las escuelas de orientación técnica como en las que privilegian las ciencias humanas. Continuando en esta dirección, se implica que las primeras etapas en la educación superior deben desarrollar capacidades generales dado que no tiene sentido una elección temprana de la carrera; debido a esto, hay que fomentar los colleges y bachilleratos, y, en general, crear nuevas categorías de universidades e institutos que respondan a las necesidades locales, regionales y nacionales.

Se plantea, además, un cambio en los mecanismos de acceso que disminuyan el peso de la prueba única como mecanismo de selección, por lo que son ahora más sensibles a las características de la formación técnica y unifican los programas de acceso inclusivo. Esto se combina con cambios en el sistema de financiamiento que combinan el financiamiento a la demanda –la cual “debe alcanzar al 60% de los pobres”- con el basal (a las instituciones y bajo convenios de desempeño a largo plazo).

Para dar una mayor agilidad a las unidades del sistema, se recomienda otorgarles una mayor autonomía y, al mismo tiempo, asegurar mecanismos de rendición de cuentas para así promover una participación activa de la comunidad involucrada. Propone que solo se llamen universidades las IES que logren acreditación de excelencia, realicen investigación y se vinculen con el medio. Los institutos técnicos acreditados podrían dar grados de magister. Las estructuras de títulos y grados deben facilitar el reconocimiento de estudios previos y la movilidad y continuidad entre distintas áreas. Hay que caminar hacia la acreditación obligatoria.

Paralelamente, se debe implementar un marco de cualificaciones profesionales basado en competencias para el reconocimiento de capacidades obtenidas dentro y fuera del sistema (ver antecedente A). Estos cambios se complementan con la creación de una Superintendencia y una Subsecretaría en el Ministerio de Educación que trabajen de manera articulada con todas las IES y desarrollen un eficiente sistema de información. Se recomienda, además, que el Consejo de Rectores de la Universidad Chilena no desempeñe papel alguno en los procesos de admisión.

Las propuestas sobre el financiamiento giran en torno a  los siguientes tres puntos: i) hacer más efectivos los fondos públicos, especialmente para la educación técnica; ii) mantener los niveles de gratuidad que según el informe alcanzarían para un 60% de la demanda (ver antecedente B), de modo que al mismo tiempo resulta necesario abaratar el crédito estudiantil dejando de lado a la banca privada por sus altos intereses y manejo de colaterales, y constituyendo un sistema público de crédito, semejante al instaurado en el Reino Unido,  que sea consciente de la realidad laboral de los egresados; iii) debe, además, contarse con un fondo de inversión en investigación y desarrollo, y -para las universidades estatales- crearse un Consejo de Financiamiento de la Educación Superior (COFES), similar al Higher Education Funding Council for England (HEFCE), como agencia estatal autónoma responsable de la administración de todos los instrumentos de financiamiento público, incluida la fijación de los aranceles de referencia.

La propuesta de la fundación 2020 es muy importante considerando que las elecciones en Chile se aproximan y el tema de la masificación de la educación superior y su gratuidad han sido el motor de diversas protestas sociales (ver antecedentes C y D).

Fuentes:

Antecedentes:

acreditación | calidad | reforma

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