Noticia  |  Viernes, 30 de Junio del 2017

"The Apprentice" (no el show)

Trump pone fin a las regulaciones de la era Obama y un mayor énfasis en los programas de formación en el trabajo.

La preocupación en algunos sectores de que Trump retroceda en las regulaciones del gobierno de Obama orientadas a responsabilizar a las universidades de lucro que no cumplen con mínimos de empleabilidad (ver antecedente), parece confirmarse.

Recientemente, procuradores generales de 19 estados escribieron una carta a la secretaria DeVos el 5 de junio, solicitando que atendiera las solicitudes ya existentes para aliviar la deuda estudiantil; cuatro senadores demócratas enviaron una carta el 8 de junio exhortándole a no cambiar ni demorar la regla que ayuda a los estudiantes endeudados y estafados (Borrower Defense to Repayment Loan Forgiveness); el 9 de junio, 31 organizaciones de veteranos y militares enviaron una carta a los representantes republicanos y demócratas de los comités de educación del senado y congreso, oponiéndose a demoras en la aplicación de la norma de protección a prestatarios. Pero las solicitudes no sirvieron de mucho.

El pasado 13 de junio, el Departamento de Educación anunció que retrasaría y reevaluaría el Gainful-Employment Rule, que ya se encuentra en vigor y penaliza los programas cuyos pagos de préstamos exceden el porcentaje establecido de las ganancias de los graduados; y también retrasaría la Defense to Repayment Rule, que iba a entrar en vigencia el 1 de julio, y estipulaba el derecho de un estudiante a pedir que se cancele su préstamo si el instituto no cumplió con lo prometido.

The Chronicle of Higher Education cita a Betsy DeVos: “Mi primera prioridad es proteger a los estudiantes. El fraude, especialmente el cometido por una escuela, es simplemente inaceptable. Desafortunadamente, el esfuerzo normativo del año pasado desaprovechó la oportunidad de hacerlo bien”.

Barmak Nassirian, de la American Association of State Colleges and Universities, señaló su preocupación, y sugirió que el departamento de educación estaba siendo más receptivo a las demandas del sector con fines de lucro que a las víctimas de malas prácticas. Esta percepción no es gratuita. Robert Eitel, ex ejecutivo de un grupo universitario con fines de lucro es ahora asesor principal de DeVos. Y aunque ya no trabaja en este grupo, se duda de su imparcialidad.

John B. King, ex secretario de Educación de Obama, señaló su preocupación para con los estudiantes, particularmente los de bajos ingresos y de minorías, víctimas en mayor proporción de estas malas prácticas.

Pero no todos los actores se oponen. Inside Higher Ed destaca el comunicado de Steve Gunderson, presidente de la Career Education Colleges and Universities, que felicitó la decisión, señalando que es importante defender a los estudiantes contra el fraude pero que Obama estuvo más bien orientado a atacar ideológicamente al sector.

También la United Negro College Fund y la Asociación Nacional para la Igualdad de Oportunidades en la Educación Superior (NAFEO), que representan a más de 185 universidades e instituciones históricamente negras, en carta enviada a DeVos, señalaron que continuar con esta regla implicaría un impacto negativo a sus instituciones miembros.

El 15 de junio el Departamento de Educación ofreció un primer documento sobre su trabajo para aliviar regulaciones federales. REGULATORY REFORM TASK FORCE PROGRESS REPORT, es un memorandum de avance que responde a una orden ejecutiva de Trump, en febrero, con el fin de reducir la carga regulatoria. El documento muestra que se ha tomado pocas decisiones a la fecha sobre los 154 reglamentos que aparecen en el informe, pero describe las acciones a tomar, como reunirse con asociaciones de educación superior, abrir un canal para recibir sugerencia públicas, pedir modificaciones en la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia para poder acceder a datos, entre otros.

Por otro lado, el mismo 15, Trump firmó una orden ejecutiva para expandir los programas de aprendizaje llamados “apprenticeship” (formación en el trabajo como aprendiz). De acuerdo a The Chronicle of Higher Education, esta orden elimina restricciones federales, que, según Trump, impedían expandir este tipo de programas. Estos cambios permitirían que hasta cinco millones de personas en los siguientes cinco años tengan la oportunidad de “ganar mientras aprenden”. La otra cara de la moneda es que, como sus empleadores financian costos de cursos y títulos en el community college, los practicantes trabajan a una menor remuneración. Otra novedad es que las competencias no serán certificadas por el Departamento de Trabajo sino por terceros: empresas, sindicatos y grupos industriales.

Chris Lu, subsecretario de trabajo durante el gobierno de Obama, manifestó su preocupación de que la orden ejecutiva eliminará la supervisión gubernamental de los estándares de aprendizaje, la calidad de los programas y la rendición de cuentas.

A pesar de que el presidente se centró en la importancia de la capacitación laboral y de poner a la gente de vuelta al trabajo, ha propuesto recortes pronunciados en los programas federales de fuerza de trabajo, incluyendo el acta de Innovación y Oportunidades de la Fuerza Laboral (WIOA). Kermit Kaleba, director de políticas federales de la National Skills Coalition, manifestó que este plan anuncia recortes de programas que preparan a adultos para calificar a los programas de “apprenticeship”.

Fuentes:

Antecedentes

calidad | educación técnica | investigación | mercado laboral | política | reforma

Dejar un comentario